Paquita, de 83 años y al borde del llanto, la quieren desahuciar en Madrid: "Ahí murió mi marido y pago 1.150 euros, voy a defender mi casa"

MadridEl desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada de su vivienda de Madrid, ha visibilizado otros casos similares como el ocurrido en Erandio, Vizcaya. Allí, una urbanización de Erandio y en la que viven más de 100 familias se encuentra en una situación muy parecida. Tras lo ocurrido en Madrid, el gobierno vasco ha decidido analizar su situación y no descarta la expropiación, como informa Idoia Rivas.

"El gobierno vasco está estudiando la posibilidad de comprar estas viviendas, aunque estamos hablando de vivienda libre y supone una ampliación de los presupuestos. También se quiere declarar a Erandio como zona tensionada cuanto antes. Situación que no se va a producir hasta enero. Para entonces ya 14 familias van a estar fuera de casa. Las primeras serán desahuciadas la semana que viene. Sin embargo, los afectados van a seguir luchando para quedarse en las casa que han sido su vivienda en los últimos 15 años", informa desde la zona Idoia Rivas.

¿Declararán la zona como tensionada?

Mariví tiene 78 años y ahora se ve con su vida a metida en cajas. El 1 de octubre es la fecha en la que sus pesadillas pueden ser ejecutadas. Con su marido de 84 años, esta mujer tendrá que abandonar su casa si nadie lo remedia. Como explica Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, "están pendientes de que podamos declarar la zona tensionada para que tengan derecho a tres años de prórroga extraordinaria.

Sin embargo, la declaración de zona tensionada no les sirve de nada si se produce en enero. Por eso, los abogados de las familias afectadas piden que se publique una ley para proteger a todos aquellos que son vulnerables y que son amenazados con desahucios.

La situación de la vivienda de Paquita ahora mismo está paralizada

Otro caso que ha causado indignación ha sido el de Francisca López, Paquita, como la conocen sus vecinos, tiene 83 años, lleva casi tres décadas viviendo en su casa de la calle Santa Ana, en el barrio de La Latina, paga una mensualidad de 1.150 euros y se enfrenta a la amenaza de desahucio, suspendido cautelarmente el pasado mes de julio, tras el ejecutado a Maricarmen hace dos días.

"Claro que voy a defender mi casa. Aquí ha muerto mi marido y mi madre. Voy a hacer 30 años, así que ¿cómo no la voy a defender? Y que yo no pago una miseria, yo pago 1.150 euros. Claro, mi hijo vive conmigo, pero de todas formas es un dinero", ha explicado la anciana, visiblemente emocionada, apoyada en su bastón y con el apoyo del presidente de la asociación de vecinos La Chispera, Daniel Piedrabuena, junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Paquita no ha podido ocultar las lágrimas al acordarse de Maricarmen. "Yo estuve allí para despedirla y no sé lo que será de mí. Espero que siga para atrás (el desahucio) y siga en la misma casa", ha deseado, tras contar a los periodistas sus problemas de movilidad. El foco lo ha puesto en la propiedad que quiere su vivienda. "No se ponen de acuerdo en nada. No responden a nada ni si te interesa quedarte, ni una palabra. Esto es una callada por respuesta", ha lamentado una octogenaria que agradece el "mucho apoyo" de sus vecinos, quienes la "adoran" porque se describe como "una persona sana y cariñosa".

El presidente de la asociación vecinal La Chispera ha reconocido que no se entiende "cómo se podía haber llegado a esta situación" y espera que el desahucio de Maricarmen sirva de punto de inflexión.

La situación de la vivienda de Paquita ahora mismo está paralizada, ha explicado el portavoz vecinal, dado que "falta un informe de Servicios Sociales". "De momento está paralizado pero obviamente sabemos que tarde o temprano... Ella tiene un juicio que perdió hace unos años y después de ese juicio sabemos que ya no va a recurrir más", ha detallado.

La necesidad del real decreto

"Sabemos que si algo no cambia y si no se aprueba el Real Decreto que prohíba que se expulse a la gente vulnerable sabemos que Paquita puede quedarse en la calle. Confiamos en que los ministros y los diputados pueden llegar a un acuerdo", ha declarado con la vista puesta en Bustinduy.

El líder vecinal ha explicado que no conocen a la propiedad del inmueble porque "nunca" se ha puesto en contacto con los abogados de Paquita "ni nada por el estilo". El edificio pasó a ser propiedad de los hijos e hijastros de una mujer, que dividieron en distintos fines los pisos, incluidos los de uso turístico.

Paquita tiene claro que la quieren fuera de su casa "para poner turístico". "Nosotros hemos ido pagando lo que ellos nos han permitido. Si tú sigues cobrando y no renuevas contrato es que estás de acuerdo con ellos, ¿no?", se pregunta la octogenaria. "No quiero que me echen de mi casa porque es mi casa", ha remarcado.

Desde la asociación vecinal han destacado que la existencia de vivienda de uso turístico (VUT) incumple la normativa, algo en lo que ha hecho hincapié Maestre. "Estamos haciendo todo lo posible, pero a veces las administraciones son muy lentas y, sobre todo, es muy tedioso el trabajo. Creo que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de particularmente no están haciendo su trabajo. Y ahí lanzó una crítica directamente a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida con este tema porque no están haciendo su trabajo al no inspeccionar, no multar y no cerrar", ha criticado.