Caso hidrocarburos: el administrador de Villafuel niega capacidad decisoria y dice que hacía lo que le pedían
La Guardia Civil considera que Marín cooperó con Claudio Rivas, su hermana y Víctor de Aldama en el presunto fraude
El juez pide cuantificar el dinero defraudado a Hacienda por Villafuel
El administrador de Villafuel, sobre la que pivota el caso de hidrocarburos en el que está implicado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, se ha desvinculado de las decisiones que adoptó la empresa y ha defendido que él solo hacía lo que le pedía "la propiedad": Claudio Rivas y su hermana María Luisa.
Así lo ha expuesto Pedro Antonio Marín en su declaración voluntaria como investigado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras haberse acogido el pasado marzo a su derecho a no declarar, han informado a EFE fuentes presentes en la comparecencia.
La UCO sospecha que Pedro Antonio Marín fue un testaferro
La Guardia Civil considera que Marín cooperó con Claudio Rivas, su hermana y Víctor de Aldama en la implementación y control del conglomerado societario conformado por Villafuel y las suministradoras, "con la finalidad de llevar a efecto la actividad defraudatoria" que les permitiría "incrementar de manera notable sus ventas e ingresos", según uno de los informes que obran en la causa.
La UCO sospecha que Marín fue un testaferro de la supuesta organización criminal, que trabajaba para desvincular a los presuntos líderes de la mercantil que encabezó la operativa defraudatoria.
A preguntas de su abogado, el fiscal y el juez, que han sido a los únicos que ha accedido a responder, ha asegurado que a De Aldama solo le vio una vez en Bilbao y que con Koldo García habló también en una única ocasión.
Según ha relatado, un día recibió una llamada en la que le decían que querían hablar con él "del Ministerio", sin especificar cuál, y le comunicaron que se ponía al habla "un tal Koldo", y que éste le conminó a que dejara de ser tan insistente con el certificado que estaban pidiendo para Villafuel.
En cuanto al funcionamiento de la empresa, Marín ha explicado que las decisiones que se adoptaban y el manejo de las cuentas bancarias eran responsabilidad de María Luisa Rivas y que él se limitaba a hacer lo que le decían.
En esta causa, el magistrado investiga una presunta organización criminal -en cuya cúspide la Guardia Civil sitúa a De Aldama y a Claudio Rivas- que habría defraudado 182,5 millones en IVA al erario público entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes policiales elevaba el presunto fraude a 231 millones desde 2021.
