García Ortiz defiende que actuó ante una "operación orquestada" para presentar al novio de Ayuso como "víctima de una operación política"
García Ortiz, presenta un escrito de defensa ante el Supremo en la causa que se le sigue por la presunta revelación de los correos del novio de Ayuso
La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo absolver a Álvaro García Ortiz del delito de revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa ante el Supremo en la causa que se le sigue por la presunta revelación de los correos en los que el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aceptaba haber cometido fraude fiscal. Ortiz ha reivindicado su inocencia y ha defendido su actuación en nombre del prestigio de la Fiscalía ante una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar Alberto González Amador como "víctima de una operación política".
La Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, insiste en su escrito, que no hay delito porque "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno, no existiendo responsabilidad penal por parte del fiscal general" dado que "no ha existido hecho delictivo".
El Fiscal general pide su absolución del delito de revelación de secretos, al tiempo que plantea citar como testigos al empresario González Amador, a su abogado, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; a fiscales y periodistas.
La defensa rechaza el relato del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que lo imputa por un correo que supuestamente García Ortiz filtró a los medios la noche del 13 de marzo de 2024, con un mensaje electrónico en el que la defensa de la pareja de Díaz Ayuso ofrece un pacto a la Fiscalía y reconoce los delitos fiscales.
Las comunicaciones mantenidas por García Ortiz -según su escrito de defensa- responden al "legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía" y sus miembros, "cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".
Una campaña que forma parte de una "operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa" que tendría la publicación el 12 de marzo de 2024 de una denuncia contra Alberto González Amador por defraudar 350.951 euros al fisco, subraya.
El objetivo era crear un "relato alternativo" que presentara al novio de Ayuso como "la víctima de una operación política" en la que habrían contribuido Hacienda y Fiscalía, según apunta la Abogacía.
En la defensa se apunta directamente al director de gabinete de la presidenta madrileña que habría diseñado una estrategia para culpar de los problemas de González Amador con Hacienda a "una persecución política" contra Ayuso, y trasladó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por "órdenes de arriba".
García Ortiz defiende el deber de salir al paso de "informaciones inveraces"
El escrito defiende la decisión de García Ortiz de pedir los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador y así informar de forma veraz con una nota de prensa tras la difusión de "informaciones inveraces".
En ese sentido, cita la publicación el 13 de marzo del diario El Mundo de una "información tergiversada" que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y subraya las "graves acusaciones" contra la institución de Miguel Ángel Rodríguez, con una "versión manipulada de los hechos" que después apareció en varios medios.
Pero, incide, no fue hasta esa publicación cuando supo de la existencia de correos y subraya que ese día al menos dos periodistas tuvieron acceso antes que él al polémico correo por el que será juzgado.
Un correo al que, además, pudieron haber tenido acceso 600 personas, ya que la defensa de González Amador lo envió a una cuenta genérica de Fiscalía y a un abogado del Estado, rompiendo "cualquier supuesta confidencialidad".
En el foco del juez Ángel Hurtado, que fue quien propuso juzgarle, siempre estuvo la publicación la noche del 13 de marzo en la Cadena Ser del contenido de dicho correo, pero la Abogacía deja claro que no hay "ninguna conexión lógica necesaria" entre dicha información y el envío del correo al fiscal general.
Porque "si ambos hechos están próximos en el tiempo es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante": las acciones emprendidas "desde la Comunidad de Madrid" para desviar el foco y acusar a la Fiscalía de perseguir políticamente a su presidenta.
El fiscal general justifica el borrado de su móvil "como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura" en atención a documentos oficiales sobre protección de datos; y la eliminación de su cuenta personal de Gmail al recibir mensajes "incómodos y en ocasiones hostiles" tras la filtración de un informe de la UCO con datos personales sin borrar.
García Ortiz justifica el borrado de su teléfono móvil por razones de seguridad
En el escrito, justifica lo que el magistrado considera un indicio contra García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de Gmail, algo que Abogacía lo venía haciendo con "regularidad" por seguridad y atribuye el segundo y el cambio de teléfono a que se hicieron públicos y empezó a recibir mensajes "hostiles".
Además, rechaza perjuicio alguno a González Amador, resaltando que, "con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad", esta posibilidad "todavía sigue abierta".
Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales de González Amador y Rodríguez, entre otros, y rechaza la del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que pide una acusación popular.