El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar "el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo" en la carta magna
Sanidad da un mes de plazo para que Madrid, Aragón y Baleares respondan al requerimiento del registro de objetores de conciencia al aborto
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, un proceso sobre el que PSOE y Sumar han encauzado posturas alcanzando un acuerdo sobre el texto, pero que, en la práctica, el propio Gobierno sabe que tiene muy difícil materializar sin el apoyo del PP, que ni se plantea la cuestión entre críticas y reproches al Ejecutivo.
"Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida", ha dicho hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitiendo al miso tiempo que “no es una reforma sencilla” la que pretenden.
¿Qué necesita el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución?
Concretamente, el texto acordado contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la carta magna, que quedaría del siguiente modo: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
Sin embargo, para lograr que salga adelante necesitan ahora mismo lo que parece un imposible. La propia ministra Ana Redondo ha explicado que la modificación de la carta magna que quieren materializar es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, lo que se traduce concretamente en el apoyo de tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado.
Si no hay acuerdo, se exige al apoyo de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado; condiciones imposibles sin el PP.
A este respecto, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muy molesta, se ha pronunciado este martes cargando contra Pedro Sánchez y volviendo a rechazar el registro obligatorio por ley de objetores al aborto.
El PSOE defiende la reforma frente a la “ola reaccionaria” y la “retroacción de los derechos”
"Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto", ha avanzado la ministra de Igualdad, que ha hecho una rotunda defensa de la iniciativa, reivindicando su importancia en lo que ha definido como “un momento histórico en el que la ola reaccionaria nos está llevando una retroacción de los derechos y a un retroceso importante”; a “un recorte de sus derechos que el presidente del Gobierno dijo que no íbamos a tolerar”.
“Consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro", ha sentenciado.
Sumar y PSOE, con acuerdo sobre el texto de reforma
Ante esta iniciativa, PSOE y SUMAR han acercado posturas esta mañana para la redacción de la reforma constitucional; algo que se ha producido después de que en el seno del Gobierno de coalición los de Yolanda Díaz advirtiesen a los socialistas de que no valían planteamientos insuficientes en relación al aborto.
Entre ambas partes existían así divergencias una vez más, pero finalmente han conseguido encauzar la situación durante las últimas conversaciones.
Desde Sumar advertían que el PSOE barajaba una idea inicial de redacción que, a juicio de la formación, era "limitante" e "insuficiente" al hacer menciones genéricas a garantizar el derecho del aborto como salud pública. Por eso, el socio de coalición reivindicaba que se incluyera, como hizo mediante una proposición de ley propia en el Congreso, una sección cuarta del artículo 43 que "sea libre, informada, plena y universal", explicitando que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física.
Frente a ello, afeaban a los de Sánchez que barajasen en principio una redacción alternativa, que menciona solo el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, sin énfasis y a la libertad y universalidad, y que la ley garantizará a los poderes públicos a su prestación en condiciones de igualdad.
Con todo, ambas partes han llegado al acercamiento y las dos alas del Ejecutivo han encontrado “avances” en la redacción de la propuesta que se aproximan a lo reclamado por Sumar. Así, hay un principio de consenso a que el texto que emane del Gobierno tenga más potencia jurídica y normativa, con vinculación a derechos fundamentales a falta de afinar la redacción concreta, tal como recogen fuentes de la negociación citadas por Europa Press.
Si bien dicha redacción no está cerrada, prosiguen los contactos para seguir ultimándola, para lo cual incluso hay tiempo hasta que esa propuesta de reforma vuelva al Consejo de Ministros en segunda vuelta. En ese sentido, como ha explicado en rueda de prensa Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, aspiran a que el texto final colme las aspiraciones de la sociedad civil, tal como han trasladado al ala socialista.