La detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: los delitos que se investigan y su paso a disposición judicial
Se espera que este viernes 12 de diciembre tanto ella como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también detenido, pasen a disposición judicial
El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas"
Leire Díez, la apodada como ‘fontanera del PSOE’, vuelve a estar en el centro de la actualidad política después de que este miércoles agentes de la Guardia Civil la detuviesen junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
La última vez que vimos a la exconcejala y exmilitante socialista fue en los juzgados de la capital, cuando iba a declarar por los supuestos sobornos ofrecidos para obtener información comprometedora de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, con ambas investigando casos que involucran a miembros del Gobierno. Su detención ayer por orden de la Audiencia Nacional, no obstante, se produjo por otra investigación relacionada con contratos bajo sospecha de la SEPI, la entidad del Gobierno para la empresa pública, razón por la cual también era detenido junto a ella su expresidente.
La detención de Leire Díez y Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos
Tras su paso por ese ente, Vicente Fernández fichó por Servinabar, la empresa con la que Santos Cerdán, el exnúmero tres del PSOE, imputado por el caso Koldo, presuntamente canalizaba comisiones y usaba como empresa pantalla para financiar gastos personales. Detenido también por la Guardia Civil, tanto Díez como él aguardan en la comandancia de la Benemérita de Tres Cantos, Madrid, a ser puestos a disposición judicial.
Se espera, a ese respecto, que sea este viernes 12 de diciembre cuando lo hagan. A ambos se les atribuyen cinco delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias.
Las detenciones, según se ha conocido, se enmarcan en una investigación nueva que está bajo secreto de sumario y en una fase muy inicial, si bien la Guardia Civil no descarta que haya más detenciones. Esta causa, en concreto, la dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.
Las acusaciones contra la ‘fontanera del PSOE’
Tras su detención, cabe recordar que Leire Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
A la denominada “fontanera del PSOE”, concretamente, se le acusa de liderar una trama, un clan organizado para desacreditar a la Guardia Civil, a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de sacar trapos sucios y anular ciertas sentencias judiciales abiertas contra algunos políticos y también empresarios.
En esa línea, el juez instructor, en sus escritos, precisa que Leire Díez “lidera” una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
A ese respecto, la exconcejala y exmilitante socialista declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores.
Además, durante su declaración como imputada hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 dio el salto a la empresa pública, cuando empezó en Enusa, perteneciente a la SEPI y donde, tras un "previo proceso de selección", se incorporó como "técnico de comunicación".
Allí, en Enusa, estuvo hasta 2021, cuando, según aseguró, se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
Las acusaciones contra Vicente Fernández, expresidente de la SEPI
Al expresidente de la SEPI, por su parte, se le investiga por presuntamente facilitar cobros y comisiones mientras trabajaba en la empresa Servinabar entre el año 2021 y 2023.
Vicente Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina.
La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió la semana pasada a los 16 acusados, entre ellos el propio Fernández, al considerar que "no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada".
En el marco de esa causa, declaró en el juicio por su papel como entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, negando cualquier "instrucción o recomendación" a los funcionarios del concurso saldado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis.
Fue en julio cuando el PP le citó en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' del Senado por su relación con Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso, investigados en el Supremo por la presunta trama de comisiones a cambio de obra pública. Entonces, Fernández se acogió a su derecho a no declarar alegando su situación procesal en el 'caso Aznalcóllar' cuando los senadores se interesaron por los motivos por los que cobró de Servinabar y también sobre si conoció a Díez, Cerdán, el exministro José Luis Ábalos o al exasesor ministerial Koldo García.
El nombre de Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar. En esos documentos, según recoge Europa Press, se detalla que el expresidente de la SEPI recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.