El clima político revive los viejos fantasmas de la corrupción producidos en los años noventa en España

La corrupción vuelve a ocupar un lugar central en el debate político español y lo hace con ecos que resultan inquietantemente familiares para buena parte de la ciudadanía. En los últimos meses, una sucesión de casos, investigaciones judiciales, registros policiales y acusaciones cruzadas entre partidos ha generado una sensación de 'deja vu' que remite directamente a los escándalos que marcaron la vida pública española en la década de los noventa.

Entonces, durante la última etapa del Gobierno de Felipe González, el país asistió a una acumulación de episodios que erosionaron gravemente la confianza en las instituciones. La financiación irregular del PSOE a través del caso Filesa, los manejos financieros vinculados a Ibercorp, la caída del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, o el conocido como caso Juan Guerra, entre otros, dibujaron una legislatura marcada por la inestabilidad y el desgaste político. Aquellos años quedaron grabados en la memoria colectiva como un periodo en el que los escándalos se sucedían sin apenas tregua.

Los recuerdos con los años noventa

Hoy, salvando las distancias y los contextos, muchos analistas y representantes políticos coinciden en señalar paralelismos con la situación actual. El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario complejo, con múltiples frentes abiertos y una oposición que ha intensificado su ofensiva parlamentaria. Las sesiones del Congreso se han convertido en escenarios de alta tensión, donde las referencias a supuestas irregularidades, abusos de poder o comportamientos impropios ocupan buena parte del debate.

En las últimas semanas, la actualidad ha estado marcada por detenciones, registros en organismos públicos y empresas vinculadas al Estado, así como por la reaparición de asuntos ya conocidos, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, las investigaciones relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia o causas que afectan a personas del entorno político y familiar. A ello se suman denuncias por acoso y comportamientos inapropiados que han alimentado una narrativa de desgaste constante para el Ejecutivo y, especialmente, para el PSOE.

Desde la oposición se insiste en que no se trata de hechos aislados, sino de un problema “estructural” que afecta al funcionamiento del poder y a la credibilidad del Gobierno. El discurso recuerda, en no pocas ocasiones, al que se escuchaba en los últimos años durante el mandato de Felipe González, cuando la acumulación de casos terminó por instalar la idea de un “fin de ciclo”.

Entonces, el que fuese presidente del Gobierno optó por adelantar elecciones en un intento de frenar la sangría política, aunque finalmente perdió el poder tras más de una década en La Moncloa.

La situación en el actual Gobierno

En el entorno del Gobierno actual, sin embargo, el mensaje es distinto. Desde el PSOE se defiende que el partido está actuando, que se están depurando responsabilidades y que las instituciones funcionan. Se insiste en que España cuenta hoy con mayores mecanismos de control y transparencia que en los años noventa, y que las comparaciones deben hacerse con cautela.

No obstante, la percepción pública parece ir por otro camino, alimentada por la sensación de que los escándalos se encadenan sin que se vislumbre un desenlace claro.

Mientras tanto, el presidente se toma su tiempo antes de tomar decisiones de calado, como una eventual convocatoria electoral. La estrategia recuerda, para algunos observadores, a la gestión agónica de aquellas legislaturas marcadas por la presión constante y la falta de oxígeno político.

La diferencia es que, ahora, el escenario mediático y social es mucho más inmediato y amplifica cada nuevo episodio.

La historia se repite

Así, España vuelve a mirarse en un espejo incómodo. La historia no se repite exactamente, pero rima.

Y en ese eco de los años noventa, la ciudadanía asiste con una mezcla de cansancio y preocupación a un debate que parece no cerrarse nunca: cómo cortar de raíz una corrupción que, década tras década, vuelve a poner en cuestión la solidez del sistema democrático.