Las dudas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra: ¿fue legal, tenía deudas con la Seguridad Social, era una empresa estratégica?
En el momento de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, esta solo tenía cuatro aviones, pero solo uno estaba operativo
El Gobierno insiste en su defensa de la legalidad del rescate de Plus Ultra y sostiene que la operación se ajustó plenamente a la legalidad, pese a que los fondos de la aerolínea —de origen venezolano— también están judicializados en España y en Estados Unidos. Desde Moncloa defienden que la compañía formaba parte del sector aéreo, considerado estratégico durante la pandemia, y que cumplía todos los requisitos exigidos.
En la misma línea, el Ejecutivo defiende que el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social concedido a la aerolínea respondió a criterios “estrictamente técnicos”. Añaden que los certificados de estar al corriente de pago se emiten de forma automática, sin intervención directa de funcionarios.
Un rescate de 53 millones bajo escrutinio
La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó tras el Consejo de Ministros que las ayudas a Plus Ultra ascendían a 53 millones de euros y que su carácter estratégico derivaba de la importancia del transporte aéreo. Sin embargo, estas ayudas volvieron al centro del debate tras la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde el inicio, el rescate generó dudas, pese a la defensa cerrada del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez llegó a recalcar “la pulcritud de todos los rescates”.
El Consejo de Ministros aprobó la operación a propuesta de la SEPI, que consideró estratégica a la compañía pese a que disponía de cuatro aviones con solo uno operativo. El vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, recordó en el Senado que fue la Comisión Europea la que urgió a los Estados miembros a conceder ayudas para evitar un colapso económico.
Informes contradictorios y archivo judicial
La operación se vio enturbiada por un informe pericial que cuestionaba la solvencia de Plus Ultra antes del rescate, lo que habría impedido acceder al préstamo. El Gobierno sostiene que cinco informes avalaban que la empresa no estaba en crisis. Finalmente, un juzgado archivó una denuncia al considerar insuficientes las dudas planteadas.
Por ello, Sánchez defendió que “hemos cumplido con la legalidad”, mientras desde el PP, Teodoro García Egea ironizaba afirmando que “hay que ponerle al bar el nombre de Plus Ultra para que Pedro Sánchez te dé una ayuda”.
La cuestión de la Seguridad Social
Otro punto bajo sospecha es si la aerolínea estaba al corriente de pago con la Seguridad Social. El juez Calama lo cuestiona, aunque fuentes del Gobierno aseguran que Plus Ultra obtuvo un aplazamiento legal que ya fue saldado con el pago de la deuda pendiente.