Cómo se financian las campañas electorales y qué límites de gasto tienen los partidos
Las campañas electorales del 29 de noviembre se financian mediante una combinación de subvenciones públicas, préstamos bancarios, fondos propios y aportaciones privadas, siempre bajo los límites marcados
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MadridLas elecciones generales del próximo 29N no solo van a movilizar a millones de ciudadanos que van a acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado, sino que también supondrán un importante desembolso económico para los partidos políticos. Los mítines, los anuncios publicitarios, los desplazamientos de los candidatos y el envío de la propaganda electoral requieren una financiación que, en España, procede tanto de recursos públicos como privados.
Sin embargo, los partidos no pueden gastar cantidades ilimitadas para conseguir votos, ya que la legislación española establece restricciones económicas destinadas a controlar el coste de las campañas electorales y evitar que las formaciones con mayores recursos disfruten de una ventaja desproporcionada. Además, las subvenciones públicas están condicionadas a los resultados electorales y al cumplimiento de ciertos requisitos.
De dónde sale el dinero para financiar las campañas electorales
La financiación de las campañas electorales en España combina recursos públicos y privados, aunque cada fuente de ingresos está sometida a condiciones específicas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula los gastos y las subvenciones vinculados a los procesos electorales, mientras que la Ley Orgánica 8/2007, establece las principales reglas de financiación de estas organizaciones.
Una parte de los recursos procede de las subvenciones públicas que el Estado concede en función de los resultados obtenidos. Sin embargo, estas ayudas se calculan después de las elecciones, por lo que las formaciones tienen que disponer de dinero para afrontar desde un inicio los gastos de la campaña.
Para ello, pueden recurrir a fondos propios, préstamos bancarios, aportaciones de sus afiliados y donaciones privadas que cumplan las condiciones legales. La importancia de estas fuentes se puede comprobar en las pasadas elecciones de 2023. Según el Tribunal de Cuentas, el 63% de los ingresos electorales declarados procedían de préstamos bancarios, mientras que el 24% correspondía a anticipos de subvenciones y el 12% a aportaciones de las propias formaciones. Las aportaciones privadas tan solo representaron un 1%.
Cuánto dinero reciben los partidos por votos y escaños en las elecciones del 29N
El Ministerio de Hacienda publicó el 8 de octubre la Orden HAC/1062/2026, que establece las subvenciones electorales correspondientes a las elecciones generales del 29N. Según esta normativa, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cumplan con los requisitos que se marcan recibirán las siguientes cantidades:
- 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
- 0,81 euros por cada voto al Congreso conseguido por una candidatura que haya obtenido al menos un diputado.
- 0,32 euros por cada voto recibido por un candidato al Senado que ya haya conseguido escaño.
Estas cantidades permiten que los partidos recuperen parte de los gastos realizados durante la campaña, aunque las subvenciones no pueden superar los gastos electorales declarados y justificados. Por lo que, conseguir más votos y representantes parlamentarios puede traducirse en una mayor financiación pública, pero no supone recibir automáticamente una cantidad ilimitada de dinero.
La legislación también permite solicitar anticipos de las subvenciones a ciertas formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones, haciendo más fácil que dispongan de recursos antes de la celebración de los comicios.
En cuanto a las aportaciones privadas, el artículo 129 de la LOREG establece que ninguna persona puede aportar más de 10.000 a las cuentas electorales de una misma formación. Además, están prohibidas las donaciones anónimas y las procedentes de empresas.
Cuál es el límite de gasto electoral que tienen los partidos en 2026
Una de las principales restricciones económicas afecta a la cantidad máxima que pueden invertir las candidaturas durante la campaña electoral. Para las elecciones generales del 29N, el límite de gasto se calcula multiplicando 0,37 euros por el número de habitantes de las circunscripciones donde cada formación presenta candidaturas, según dice la Orden HAC/1062/2026.
Esto estipula que el presupuesto máximo permitido no es idéntico para todos los partidos, sino que va a depender de su implantación territorial. Por ejemplo, una formación que presente candidaturas en circunscripciones cuya población conjunta alcanzara los diez millones de habitantes tendría un límite de gasto ordinario de 3,7 millones de euros.
La normativa también contempla restricciones específicas para determinados formatos publicitarios, con el objetivo de evitar que una formación concentre una parte excesiva de su presupuesto en publicidad exterior o medios de comunicación.
Cómo se financia el envío de propaganda electoral a los ciudadanos
Para las elecciones generales de 2026, el Estado abonará 0,26 euros por elector en las circunscripciones donde se cumplan las condiciones establecidas por la normativa. Para acceder a esta subvención, las candidaturas deberán haber conseguido representación suficiente para construir un grupo parlamentario propio en el Congreso o el Senado, o reunir los requisitos de diputados, senadores o votos necesarios para hacerlo.
Quién controla estos gastos electorales y qué pasa si un partido supera el límite
El organismo que se encarga de fiscalizar las cuentas de las campañas electorales es el Tribunal de Cuentas, que examina los ingresos, los gastos y la documentación presentada por las formaciones políticas. Los partidos tienen que justificar los recursos empleados y acreditar que sus desembolsos se corresponden con los conceptos admitidos por la legislación.
Superar los límites de gasto, presentar documentación incorrecta o incumplir ciertas obligaciones económicas puede tener consecuencias, como la reducción de las subvenciones públicas y la imposición de las sanciones legalmente previstas.