El Gobierno aprueba en comisión la ley Celaá: no gusta a la oposición, ni a la concertada, ni a los padres de niños con necesidades especiales

Viernes 13 y la llamada ley Celaá pasa su primer trámite en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso. Una reforma de la ley vigente, rodeada de polémica. La principal gira en torno a la eliminación del castellano como lengua vehicular pero también sobre las limitaciones en la enseñanza concertada y de la educación especial; ambas iniciativas, rechazadas reiteradamente por PP, Ciudadanos y VOX.

Aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, la ley Celaá aterriza en el Congreso levantando ampollas. PP, Ciudadanos y VOX tienen intención de llevar ante el Constitucional el punto más polémico, el que tiene que ver con la lengua.

A petición de Esquerra, que exigía blindar la inmersión lingüística en Cataluña, el Ejecutivo ha aprobado la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en las escuelas, una decisión muy criticada por la oposición que apunta a que lo que se blinda es la exclusión del castellano.

Tampoco gusta que se aumentan las restricciones sobre la escuela concertada. El proyecto de ley no contempla que este tipo de centros soliciten el pago de cuotas a través de fundaciones.

Además, los centros educativos que se financien con fondos públicos no podrán aplicar la separación por género. Esto afectaría especialmente a algunos centros concertados.

La repetición será excepcional. Los alumnos podrán pasar de curso sin límite de suspensos, siempre que el claustro lo autorice.

Y sobre la educación especial, el proyecto de ley se da un plazo de diez años para avanzar en lo que llaman la escuela inclusiva. El objetivo de la ministra Isabel Celaá es que la mayor parte de alumnos sean escolarizados en colegios ordinarios, idea que tiene en pie de guerra a las familias con hijos con necesidades especiales. Desde plataformas como InclusivaSiEspecialTambién creen que el Ejecutivo solo pretende cerrar los colegios donde acuden sus hijos.

En esta votación, la representante de EH Bildu se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

El apoyo conseguido en la comisión no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.

A pesar del acuerdo de Gobierno, Unidas Podemos ha mantenido vivas numerosas enmiendas que tenían que ver con la bajada de ratios por aula, ampliación de oferta de plazas públicas, la empatía animal en el currículum, así como el mantenimiento en 4º de Eso de la materia de Ética, que la LOMLOE relega a los dos cursos de Bachillerato.

En esta última, los morados esperaban el apoyo del PP ya que los 'populares' tenían una medida similar entre sus propuestas. La portavoz del PP en esta materia, Elena Castillo, ha pedido a su homólogo de Podemos, Javier Sánchez Serna un 'quid pro quo' con ambas enmiendas, pero, finalmente, no han llegado a un acuerdo y la iniciativa no ha prosperado.

Durnate el debate, PP, Vox y Ciudadanos, se han centrado en los temas más polémicos: la inmersión lingüística, la repetición de curso y la situación de la concertada y de los colegios especiales o la Alta Inspección Educativa.

La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser "el peor enemigo de la educación" a través de una ley que "ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema". La portavoz de Educación 'popular' ha lamentado que el texto hable de "inclusión" sin tener en cuenta la "equidad" y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. "Con sus medidas hundirán al más débil", ha advertido.

Para Vox, la ley Celáa es "un entreguismo a quienes quieren romper España", según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Tríaas, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y ha advertido al Ejecutivo que cuando el TC se pronuncie "tendrán que implantar el 'pin parental'" de Vox para cumplir con ste derecho.

Y también desde Ciudadanos llega una crítica contundente a las pretensiónes del Gobierno: la representante de la formación naranja, Marta Martín, ha calificado la ley como una "vergüenza" y considera que es de "dudosa garantía democrática". La diputada también ha criticado el "trampantojo" de las repeticiones, y ha recriminado al PSOE sus propuestas sobre la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, no son "democráticas".

La diputada ha ofrecido a los socialistas, durante la sesión, un "acuerdo de mínimos", pero que "se ajusta a las sentencias del Constitucional" en este sentido, y que determina que en aquellas comunidades en las que se ha sometido a los alumnos a la inmersión lingüística tengan, al menos, el 25% de enseñanza en castellano. La propuesta ha sido rechazada.

La norma tampoco ha gustado al diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, para quien esta ley se ha tramitado con "escaso carácter democrático" y "totalmente de espaldas al sector de educación". A su juicio, es un "castigo" a la escuela concertada, "anula" la educación diferenciada, algo "claramente inconstitucional", y con ella "va a ser difícil" poder estudiar en español en algunas comunidades.

En el caso del PNV, su diputada Josune Gorospe, ha puesto sobre la mesa a importancia de la enmienda presentada por su grupo en materia de respeto competencial a las autonomías, así como la necesidad de introducir el la ley el concepto de lengua propia para referirse, en este caso, al euskera, unos textos que, finalmente, se han agregado a la norma con el apoyo de la mayoría.

También ha hablado de competencias, la portavoz de ERC, Montserrat Bassa, quien ha defendido que el "modelo de progreso" de la escuela catalana, "sólo es posible íntegramente desde su independencia". No obstante, ha demandado que el Ejecutivo financie por igual a todos los modelos de enseñanza, una medida en la que coincide con el representante de Junts, Sergi Miquel. El diputado ha defendido un modelo "rico y diverso" en cuanto a modelos de enseñanza.

Por su lado, la portavoz de Más País Equo, Inés Sabanés, sí se ha mostrado partidaria de la reforma del Gobierno. A su juicio, el marco actual es "una vuelta al pasado" con "recogida de firmas, amenazas y politización de la lengua", para esconder "los graves problemas que ha aquejado la educación" y que son ""la desigualdad, el fracaso escolar, la falta de financiación y la segregación". "Eso es lo que trata de atajar la ley", ha zanjado Sabanés.

Frente a la avalancha de críticas, la portavoz del PSOE en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha criticado que la derecha haya dedicado el debate a "repetir mantras" que "no son verdad". Así, ha negado el cierre de colegios especiales, que no se haya contado con la comunidad educativa para la redacción del texto o que los inspectores no vayan a acceder a la Alta Inspección Educativa a través de oposición.

Su compañera socialista Maribel García, ha reprochado, además, al PP que acusen al PSOE de atacar la concertada cuando ellos "atacan a la pública" donde gobiernan y cuando en sus años de Ejecutivo han reducido su financiación hasta 10 veces más que a la concertada.

El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, por su parte, ha indicado que la LOMLOE va en dirección de "blindar" la educación pública y "hacia una escuela más moderna, más diversa, donde la igualdad sea ley". Además, ha dicho que la nueva ley "nace de la participación de la comunidad educativa porque recoge muchas de las demandas que ha hecho" frente "a los oídos sordos" del PP.

Del mismo modo, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha lamentado que "las derechas" hable en sus discursos de "igualdad" y se "olviden de las oportunidades".