Los procesos judiciales por abusos sexuales a niños en España “dificultan significativamente la recuperación" de las víctimas

El 40,9% de los procesos judiciales por abuso sexual a niños en España se prolonga más de tres años y en un 12,1% de los casos supera los cinco años, según el nuevo informe de Save the Children 'Por una justicia a la altura de la infancia'.

Tras analizar un total de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024, la investigación de la ONG concluye que más de la mitad de las víctimas de abusos sexual tienen que declarar más de una vez.

"Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones", ha asegurado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial, Catalina Perazzo.

En este sentido, la ONG ha detallado que aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona en un 34,5% de los casos, "esta cifra sigue siendo insuficiente". "Nos preocupa que refleje un uso minoritario de esta prueba", ha subrayado.

Además, Perazzo ha añadido que el testimonio de los niños víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. "Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida, que además es obligatoria para menores de 14 años, y que muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral", ha manifestado.

Según el análisis de Save the Children, en el 82,9% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes, frente al 80,3% del año 2023. La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años. Además, en un 5% de los casos las víctimas presentan algún tipo de discapacidad.

9.185 denuncias en 2023

La ONG pone de relieve que los datos del Ministerio del Interior indican que en 2023 se presentaron 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños y adolescentes, "una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse".

"Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos. La justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual", ha afirmado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial.

En relación con los agresores, la investigación indica que el 98% son hombres; en ocho de cada diez casos es una persona conocida por la víctima, procedentes del entorno familiar (41,8%); personas conocidas no familiares, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia (38,7%); o un desconocido en el 19,5% restante, cifra que ha aumentado en dos puntos en comparación con el informe previo.

En seis de cada diez casos los agresores no tenían antecedentes penales. Entre quienes sí los tenían, un 16% estaba vinculado a delitos sexuales. "En la mayoría de los casos, los agresores son difíciles de identificar por sus antecedentes", sostiene la ONG.

Una justicia a la altura de la infancia

La organización ha explicado que en 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

"Sin embargo, sólo se contempla la creación de tres (Barcelona, Madrid y Málaga) secciones especializadas para todo el Estado". Aunque lo considera un "avance", Save the Children ha advertido que esta medida "deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia".

Asimismo, ve "necesario aclarar las competencias y la coordinación" con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), "garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas".

"Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de la LOPIVI exige un despliegue más ambicioso desde el inicio", subraya la entidad.

Además, ha denunciado que "tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares".

Por otro lado, ha alertado de que "en ninguna de las sentencias analizadas los jueces y juezas hicieron referencia al interés superior del niño" y ha llamado a "cumplir los compromisos" de la Ley y "garantizar una justicia especializada para la infancia en todo el territorio".

Entre ellas, ha destacado implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas "en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados".

"Solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio", ha argumentado.