Las lluvias extremas reabren el debate sobre la seguridad de las presas: así se clasifican según su riesgo potencial

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en buena parte de España han devuelto a la actualidad la cuestión de la seguridad de las presas y embalses. El rápido llenado de numerosas infraestructuras hidráulicas —algunas por encima de los niveles habituales para esta época del año— ha obligado a realizar desembalses preventivos y ha activado protocolos de vigilancia reforzada. Con el recuerdo puesto en la alerta de la presa de Forata, en la provincia de Valencia, durante la DANA de 2023, cabe preguntarse si estas infraestructuras son seguras.

Todas las presas españolas están clasificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en función del riesgo potencial que supondría su rotura o un funcionamiento incorrecto, así como los niveles de exigencia en materia de seguridad, vigilancia y revisiones periódicas que deben aplicarse a cada infraestructura.

Un sistema de clasificación basado en las consecuencias de un fallo

La necesidad de clasificar las presas según su riesgo potencial se introdujo por primera vez en España en 1994, con la aprobación de la Directriz Básica de Protección Civil. Desde entonces, el criterio fundamental no es el estado estructural de la presa en un momento dado, sino las afecciones que podría causar aguas abajo una eventual rotura o un funcionamiento anómalo. Atendiendo estos criterios se han establecido tres categorías:

Categoría A: riesgo potencial muy alto

Incluye las presas cuya rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos, infraestructuras críticas o servicios esenciales, además de provocar daños materiales o medioambientales muy importantes. Se trata de las infraestructuras que requieren un control más estricto y revisiones más frecuentes.

Categoría B: riesgo potencial significativo

Agrupa presas cuya rotura podría causar daños materiales o ambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas. Aunque el impacto sería menor que en la categoría A, sigue siendo relevante y exige medidas de seguridad reforzadas.

Categoría C: riesgo potencial moderado

Incluye presas cuya rotura produciría daños materiales o ambientales de moderada importancia y solo de forma incidental podría implicar pérdida de vidas humanas. Todas las presas no incluidas en las categorías A o B se clasifican automáticamente en esta categoría.

Los expertos insisten en que la categoría asignada no indica si la presa es segura o insegura, sino el nivel de riesgo asociado a un hipotético fallo y, por tanto, el grado de vigilancia que debe aplicarse.

Un proceso técnico y administrativo exhaustivo

Para la inclusión de cada infraestructura en esta clasificación, el titular de la presa debe elaborar una propuesta fundamentada y presentarla ante la Confederación Hidrográfica correspondiente. Esta puede solicitar información adicional o elevarla a la Dirección General del Agua, que finalmente aprueba —o no— la clasificación.

Con la entrada en vigor de las Normas Técnicas de Seguridad de Presas (Real Decreto 264/2021), el procedimiento se ha actualizado para incorporar nuevos criterios y corregir aspectos que habían quedado obsoletos. La Orden TED/225/2025 detalla los trámites administrativos derivados de estas normas.

Además, todas las presas clasificadas en categorías B y C antes de la entrada en vigor de la nueva normativa deben revisar su adecuación antes de abril de 2026, lo que implica una actualización masiva de expedientes en los próximos meses.

Según los datos actualizados por el MITECO en abril de 2025, en España hay 2.368 presas y balsas clasificadas. La distribución por categorías es de 919 (39 %) en nivel A, 150 (6 %) en el nivel B, y 1299 (55 %) en el C.

En el caso de las infraestructuras de titularidad estatal, la proporción de presas de categoría A es mucho mayor (81%), lo que refleja que el Estado gestiona las infraestructuras de mayor envergadura y riesgo potencial. Por el contrario, entre los concesionarios predominan las presas de categoría C (62%), generalmente de menor tamaño.

A pesar del avance en la clasificación, aún quedan presas privadas —en su mayoría pequeñas— pendientes de evaluación, lo que supone un reto para completar el mapa de riesgos.

¿Son suficientes estas medidas de seguridad?

Los episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, ponen a prueba la capacidad de las presas para gestionar avenidas repentinas. La DANA que afectó a Valencia y obligó a maniobras de emergencia en la presa de Forata evidenció la importancia de contar con sistemas de vigilancia y protocolos de actuación bien definidos.

En situaciones de llenado rápido, las presas de categoría A requieren especial atención, ya que un fallo podría tener consecuencias catastróficas. La clasificación permite priorizar recursos, establecer planes de emergencia y coordinar a las administraciones implicadas.

Recientemente, un grupo de expertos lanzó mensajes de alerta ante lo que consideran medidas de seguridad insuficientes para garantizar la seguridad de estas instalaciones. Así, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos) ha exigido la creación de un Consejo de Seguridad de Presas que sea "autónomo y con capacidad sancionadora" que cuente con "financiación propia" para atajar los problemas de seguridad que sufren las presas públicas en España.

Para el presidente de esta asociación, José Trigueros, "la gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado".

En este sentido, denuncian que el actual modelo de gobernanza "genera un conflicto de intereses" ya que, "las confederaciones hidrográficas son al mismo tiempo titulares y responsables de supervisar la seguridad de las presas, lo que impide un control realmente independiente. Además, la normativa vigente no se aplica plenamente al 95 % de las presas existentes, quedando estas fuera de los estándares de seguridad obligatorios", aseguran.

La presidenta del Instituto de la Ingeniería, María Cruz Díaz ha coincidido con Trigueros añadiendo que la gestión de la seguridad de las presas "es un asunto de Estado, no una competencia sectorial".

La Asociación Caminos denuncia que el 75% de las presas estatales carecen de medidas básicas de seguridad y que el 65% necesitan renovar sus sistemas de vigilancia. Los expertos han alertado de que "la falta de mantenimiento, la antigüedad de las infraestructuras y la ausencia de planes de emergencia comprometen la seguridad de miles de ciudadanos" y han puesto de manifiesto "la urgente necesidad de reforzar la seguridad y el mantenimiento de las presas públicas en España, ante el grave deterioro de parte del parque hidráulico nacional".

Según datos presentados por la Asociación Caminos, el parque público español cuenta con 375 presas de titularidad estatal, gestionadas por las confederaciones hidrográficas. De ellas, el 75% requiere estudios complementarios de seguridad y 3 de cada 4 carecen de planes de emergencia implantados, sin sistemas de aviso ni señalización en caso de riesgo, como han explicado en un comunicado desde la asociación.

"Estos datos, procedentes de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, confirman el deterioro progresivo de unas infraestructuras esenciales para la gestión del agua y la protección frente a fenómenos extremos", han manifestado.