Investigan los movimientos en las cuentas de algunos de los implicados en el presunto fraude de prótesis en el Sistema Murciano de Salud

La Policía Nacional ha abierto una nueva vía de investigación en la presunta trama de fraude en el suministro de prótesis y material sanitario al Servicio Murciano de Salud (SMS). Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizan los movimientos bancarios de varios de los implicados ante la sospecha de que se hubiesen producido “anomalías” en sus patrimonios tras desvíos entre cuentas. El montante del daño económico producido al SMS alcanzaría los siete millones de euros.

La información ha sido recopilada por La Opinión de Murcia del propio informe de la UDEF que se plantea solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria para avanzar en un examen exhaustivo del origen y destino de determinadas cantidades, con el objetivo de esclarecer si parte del dinero procedente del presunto fraude pudo ser ocultado o transferido de forma anómala.

Ingresos que no cuadran

El informe detalla varios ejemplos que han despertado la atención de los investigadores como es el caso de R.T.M., cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien habría ingresado entre 2019 y 2025 un total de 517.450 euros netos. Sin embargo, en diciembre de 2025 sus cuentas acumulaban únicamente 5.837 euros. La Policía subraya que esta cifra “contrasta enormemente” con sus ingresos. Además, solo consta una propiedad inmobiliaria valorada en 154.879 euros y tres vehículos adquiridos en un corto periodo, entre agosto de 2023 y marzo de 2024.

También ha levantado sospechas el caso de A.C.A., jefe de sección de la Arrixaca, quien presentó en julio de 2024 una carta de pago y cancelación de 300.000 euros en su entidad bancaria.

En similares circunstancias se encuentra V.F.G., responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), quien abonó 154.450 euros en abril de 2023 por la compra de un inmueble, financiando el resto.

Los agentes de la UDEF también citan dos casos más, el M.N.G., jefe de sección de la UAI, quien experimentó un incremento notable en sus cuentas de 32.969 euros en 2022 a 107.277 euros en 2025. Las cuentas de su esposa también crecieron de forma significativa, pasando de 6.394 a 55.858 euros en el mismo periodo. La UDEF señala que estas cifras “no cuadran con las percepciones de trabajo recibidas”.

Y el de S.D.M., comercial de la empresa Logimed, del que informan de una “descapitalización” en 2024 y 2025. Sus cuentas cayeron un 77 %, las de su esposa un 86 % y las de su empresa Dycom Risk S.L. un 42 %, sin que consten adquisiciones que justifiquen estos descensos.

Once detenidos

La investigación, en la que han sido detenidas once personas (dos de ellos ya en libertad), comenzó en enero de 2025, y ha determinado que el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento.

En ellas se facturaba "por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado", a la vez que se utilizaban "productos sanitarios caducados", lo que generaba "un riesgo para la salud pública", indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía.

Los autores del fraude, según las investigaciones, introducían datos falsos en el sistema contable "con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos" y fijaban "unos precios de compra muy elevados".

Al mismo tiempo, según la fuente, dejaban de utilizar "los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior".

Los investigadores detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

Los implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contarían con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación, señala el comunicado.

Esto, unido a la ausencia de licitaciones públicas les habría permitido llevar a cabo "negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público", agrega la nota de la Jefatura.

El Gobierno murciano ha manifestado que el caso se limita a un delito económico relacionado con la adquisición de material sanitario que "no afecta a pacientes".

Fuentes de la Consejería de Salud han indicado que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que "no consta la implantación de prótesis caducadas, lo que reafirma que estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico".