Medio centenar de municipios de siete comunidades impiden a personas con VIH trabajar como taxistas: Madrid, Sevilla o Málaga, entre ellas

Medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Entre los municipios figuran varias capitales de provincia, como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria.

Así se desprende del informe realizado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+, realizada tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce ayuntamientos murcianos y ha reclamado la revisión urgente de cláusulas que todavía exigen "no padecer enfermedad infectocontagiosa" para ejercer esta profesión.

"Defensa de la igualdad de trato "

Para la Comisión VIH y Trabajo, la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso "importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes".

A raíz de esta situación, reclama que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de "no padecer enfermedad infectocontagiosa" para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.

La permanencia de estas formulaciones no solo resulta "anacrónica", sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propone una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: "Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista".

Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo insta a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente toda ley, ordenanza, reglamento o procedimiento administrativo que atente contra los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas que viven con VIH.

Canarias es la comunidad con más municipios identificados

En su opinión, "ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación". Asimismo, la Comisión de VIH y Trabajo solicita que la revisión normativa no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo, la protección de la salud pública basada en la evidencia y el compromiso institucional con la no discriminación asociada al VIH.

Combatir "el estigma", según la Comisión, también implica revisar y corregir aquellas normas que, aunque formuladas de manera aparentemente neutra, siguen teniendo efectos excluyentes. La Comisión de VIH y Trabajo reafirma "su disposición a colaborar con las administraciones competentes para identificar, revisar y modificar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar entornos laborales y marcos normativos inclusivos, actualizados y respetuosos con los derechos humanos".

Canarias es la comunidad con más municipios identificados según la información revisada por la Comisión de VIH y Trabajo y se han detectado estas barreras normativas en Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza.

En Murcia se han detectado en Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana y en Andalucía en Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.

Asimismo, en la Comunidad de Madrid se han detectado Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña; en Castilla y León en El Arenal y León; en Extremadura en Badajoz y Cáceres y en Castilla La Mancha en Albacete, Ciudad Real y Chiloeches.

En Madrid un cirujano puede tener VIH, pero un taxista no

Esta polémica no es nueva. A finales de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid reclamaba la eliminación de la infección por VIH/Sida como causa de exclusión médica para un empleo público tanto en la Administración de la Comunidad de Madrid como de las entidades locales.

El objetivo, según constaba en la Proposición No de Ley registrada por el partido en la Cámara de Vallecas, es que ya no se contemple en todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario o laboral que se convoquen en virtud de ofertas de empleo público aprobadas.

Considera el PSOE que estas causas de exclusión deben limitarse a la "evidencia científica disponible" y solo aplicarse al requisito de no padecer enfermedades que "afecten a la capacidad funcional" para el desempeño de las tareas del trabajo en cuestión o a situaciones concretas "en el curso de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud humana".

También pedían que se eliminase esta infección de VIH/Sida como motivo para negar el acceso a servicios o bienes de titularidad pública o privada cuando las actividades en los mismos no se correspondan con la forma de transmisión del virus.

Reclaman de esta manera que las causas de exclusiones por razones médicas se contemplen cuando se trate de enfermedades infecciosas en período de transmisión y siempre que su vía de transmisión "pueda darse en el contexto de las actividades que se realicen, de acuerdo con la evidencia disponible".

"Eliminas todas las trabas"

En declaraciones del diputado Santi Rivero, este aseguraba que lo que se busca con esta iniciativa es "eliminar todas las trabas que tienen las personas con VIH" a la hora de acceder a empleos públicos como "es el sector del taxi".

"Es una cuestión que es anacrónica, que se puso hace muchísimos años, que está en un decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que yo creo que más por desidia que por voluntad política no lo han modificado", apostillaba.

Rivero recordaba que esto ya se hizo en Aragón y Andalucía y que lo que buscan es que las personas con VIH puedan acceder "en libertad de condiciones" porque "no tiene sentido que un cirujano pueda tener VIH y un taxista no".

Asimismo, explicaba que queda "muchísimo por hacer" en materia de eliminación del estigma, como cree que ha evidenciado la "salida del armario" como persona con VIH del actor Eduardo Casanova.

"Aquí las instituciones y las administraciones públicas tienen una responsabilidad muy grande, que es la de hacer campañas e informar a la población desde que son bien chiquititos para que sepan que indetectable es igual a intrasmisible, que una persona que se está medicando con su medicación de VIH es indetectable y por tanto no transmite el virus y que las vías de transmisión son las que son y que no se transmite por hablar con una persona con VIH, por darle un beso a una persona con VIH o por tocar a una persona con VIH", remataba.