Preocupación por el estado de salud de Mari Carmen, que empeora y no podrá volver a casa
Vecinos y entorno preocupados por el "deterioro progresivo" tanto físico como emocional de Maricarmen
Última hora de las protestas por la vivienda| el PNV apoyará el primer decreto con la mayoría de medidas y votará no al de la renovación de los alquileres
El estado de salud de Maricarmen Abascal, empeora. La anciana de 87 años desahuciada en el barrio del Retiro de Madrid, que ha provocado la indignación ciudadana, acampadas en varias ciudades de España y la reacción del Gobierno con la puesta encima de la mesa de dos decretos sobre vivienda, preocupa enormemente a sus vecinos y a su entorno por un "deterioro progresivo" tanto físico como emocional.
La Asociación Vecinal Retiro Norte la visitó ayer en el hospital y confirma que "sigue muy delicada y le cuesta un poco hablar". Su portavoz, Féliz Sánchez, reconoce que la ha visto empeorar aceleradamente. "Esa mujer ha tenido un bajón de salud muy grande este año", lamenta Sánchez, antes de reprochar que "a una persona tan mayor sacarla de su barrio es desubicarla gravemente", ha señalado en declaraciones al Periódico de España.
El regreso a casa está pendiente ahora de más pruebas médicas, después de que Maricarmen aceptara el preacuerdo alcanzado con Urbagestión para volver al piso de toda su vida del que fue desahuciada. En dicho acuerdo se contempla que tendrá un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años. En la casa de Maricarmen siguen todas sus pertenencias porque cuando la desahuciaron se fue tan solo con lo puesto. Maricarmen cuenta con un 50% de discapacidad y llevaba 71 años viviendo de alquiler en un domicilio ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda.
El padre de Maricarmen murió joven y ella tuvo que ponerse al frente de la casa, trabajar en varios sitios y ayudar al padre. Su hermano sí pudo estudiar, porque era varón. Más de 40 años cotizados después, tuvo que jubilarse antes de la edad ordinaria, por lo que su pensión es de poco más de 1.400 euros. Pagaba 500 de alquiler y podía vivir con tranquilidad. Pero el nuevo propietario le pidió un alquiler, primero 2.650 euros y después 1.650, que, simplemente no podía asumir.
Ahí empezó la batalla judicial para impedir su desalojo, un juez le dio razón en primera instancia, pero un recurso en la Audiencia Provincial acabó dando la razón al propietario y empezaron las amenazas de desahucio. Tres intentos: en octubre de 2025, en junio de 2026, en julio de 2026 y, finalmente el que se ha ejecutado esta semana, 23 de septiembre de 2026.