Quién va a pagar la seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle en Reino Unido: de la postura del Gobierno al coste de su protección
El matrimonio ha decidido residir de nuevo en suelo británico con sus hijos, Archie y Lilibet, después de seis años viviendo en Estados Unidos
El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido para vivir con sus hijos seis años después del 'Megxit'
El sonado regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, cuenta con más preguntas que respuestas, y muchas de ellas giran en torno a una incógnita: quién asumirá el coste de la seguridad que necesitarán una vez instalados de nuevo en el país.
El matrimonio ha decidido residir de nuevo en suelo británico con sus hijos, Archie y Lilibet, después de seis años viviendo en Estados Unidos, pero lo hará como miembros no trabajadores de la familia real y sin recuperar los privilegios que tenían antes del llamado 'Megxit'. Entre ellos, la protección policial permanente que Harry disfrutaba cuando era miembro activo de la institución.
A apenas unos días de que los duques de Sussex regresen al país, el asunto continúa sin respuesta.
¿Protección policial?
El primer ministro británico, Andy Burnham, ha evitado pronunciarse sobre quién pagará la protección y ha definido las cuestiones relativas a su seguridad como un "asunto privado", mientras que distintas informaciones publicadas en Reino Unido apuntan en direcciones diferentes. Desde que los propios Harry y Meghan tendrán que hacerse cargo de la factura hasta la posibilidad de que el rey Carlos III sufrague parte del coste o incluso que el Estado termine asumiendo parte del dispositivo si una evaluación de riesgo determina que es necesario.
El problema viene de tiempo atrás. Cuando Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros de la familia real en 2020, perdieron automáticamente la protección policial que recibían como 'royals' en activo. Desde entonces, la seguridad del hijo menor del soberano británico se ha convertido en uno de los principales enfrentamientos entre él y las autoridades británicas.
Harry inició una batalla legal contra el Ministerio del Interior después de que se decidiera que no tendría derecho automático a protección policial financiada por los contribuyentes cada vez que viajase a Reino Unido. Su situación quedó sometida a las decisiones de RAVEC (Royal and VIP Executive Committee), el organismo independiente que determina qué personas deben recibir protección pública y en qué circunstancias.
En 2023, Harry perdió su batalla para recuperar de manera automática esa protección y después continuó recurriendo las decisiones. Aunque perdió su batalla legal, el comité RAVEX abrió un proceso de revisión técnica para reevaluar las amenazas específicas contra él y su familia. Así, el proceso judicial terminó convirtiéndose en uno de los grandes conflictos del príncipe con el Estado británico.
Harry llegó a plantear que estaba dispuesto a pagar personalmente la seguridad policial cuando estuviera en Reino Unido. Sin embargo, las autoridades rechazaron esa posibilidad porque el acceso a la protección policial no funciona como un servicio privado que una persona pueda contratar pagando de su bolsillo.
En este sentido, se entiende que el Estado no cubrirá por defecto una escolta de 24 horas. No obstante, el Ministerio del Interior mantiene una postura bajo estricto secreto de Estado y sus portavoces han recordado que el sistema de protección del Gobierno es "riguroso y proporcionado".
Según 'The Times', la revisión que debe determinar las condiciones de protección de Harry y su familia todavía no se ha producido. RAVEC tiene pendiente volver a analizar su situación.
¿De su propio bolsillo?
Otra de las posibilidades que más fuerza está cobrando es que Harry y Meghan tengan que asumir personalmente el coste de su seguridad privada. Todavía no existen planes para proporcionar a la familia una protección permanente financiada por los contribuyentes.
'The Times' sitúa así el regreso de los Sussex en un escenario muy diferente al que tenían antes de 2020: ahora son una familia que ha decidido instalarse en Reino Unido y, por tanto, deberá afrontar gran parte de los gastos asociados a su seguridad.
¿Podría intervenir el rey Carlos III?
Aquí aparece otra de las posibilidades que se están barajando en Reino Unido: que sea el propio rey Carlos III quien ayude económicamente a su hijo.
No existe confirmación oficial de que el monarca vaya a pagar la seguridad de Harry, y Buckingham Palace no ha anunciado ningún acuerdo en ese sentido. Pero el precedente de otros miembros de la familia real ha alimentado los rumores.
El caso que suele ponerse sobre la mesa es el del expríncipe Andrés. Tras dejar de ser un miembro trabajador de la familia real, perdió la protección policial financiada públicamente. Llegaron a situar el gasto en alrededor de 3 millones de libras anuales.
Se informó de que Carlos III estaba asumiendo el coste de una protección privada para su hermano. Aunque por poco tiempo. En 2024 se comunicó que el rey había decidido retirar la financiación de su seguridad privada, obligándole a asumir sus propios gastos de protección.
Lo que sí demuestra es que el monarca puede sufragar determinados gastos privados de familiares con sus propios recursos, pero no que exista actualmente un acuerdo semejante para los Sussex.
Cuánto puede costar proteger a los Sussex
La magnitud de la factura es lo que ha convertido esta cuestión en un asunto tan polémico. Antiguos responsables y agentes vinculados a la protección de la familia real y de personalidades de alto riesgo han advertido en los medios británicos de que un dispositivo permanente para Harry, Meghan y sus hijos podría ascender a varios millones de libras al año.
Algunos antiguos agentes de la Policía Metropolitana de Londres han señalado a tabloides británicos como 'Sky News' sitúan el coste de una protección policial a tiempo completo en torno a 5 millones de libras anuales, aunque no existe una cifra oficial porque el dispositivo definitivo todavía no ha sido establecido.
La cantidad dependerá, entre otros factores, del nivel de amenaza que determinen las autoridades, de los movimientos de la familia, del número de agentes necesarios, de los desplazamientos y de si se trata de una protección permanente o solo de dispositivos especiales para determinadas apariciones.