La Junta deberá abonar un plus de peligrosidad de 11.156,83 euros de años anteriores a una educadora del Centro de Protección de Menores Lucano de Cerro Muriano
El TSJA reconcoe que en el centro se producen situaciones de conflicto continuadas y que los profesionales tienen están expuestos a agresiones e intimidaciones
Llevaba años pidiendo que se le reconociera lo que ella y sus compañeros llevan tiempo denunciando: que trabajan en un entorno peligroso, sin vigilantes profesionales, sin medidas sanitarias adecuadas y expuestos a agresiones e intimidaciones. Ahora, una educadora del Centro de Protección de Menores Lucano, situado en Cerro Muriano, Córdoba, ha conseguido que un juez le de la razón.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que la Junta de Andalucía debe abonarle un plus de peligrosidad de 11.156,83 euros, correspondiente al periodo entre diciembre de 2017 y junio de 2022.
La sentencia, consultada por la redacción digital de 'Informativos Telecinco', declara probado que en dicho centro se trabaja "sin contar con las medidas sanitarias de protección adecuadas y sin apoyo de vigilantes profesionales para evitar los ataques que sufre el personal".
El centro de menores Lucano es un servicio de la Junta que acoge a menores desprotegidos y vulnerables del sistema de protección infantil, incluyendo de forma ocasional a menores extranjeros no acompañados.
La Junta recurrió
El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ya había estimado la demanda de la trabajadora. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recurrió ante el TSJA alegando que se habían puesto en marcha informes técnicos y medidas correctoras para atenuar las circunstancias peligrosas. Sin embargo, no impugnó el relato de los hechos, por lo que el tribunal andaluz lo dio por válido.
La Consejería sostenía también que los salarios anteriores a diciembre de 2018 yaa habían prescrito. No obstante, el fallo del TSJA rechaza ese argumento al tratarse de una cuestión nueva que no se había planteado ante el juzgado cordobés.
Entorno de conflicto continuo
La resolución deja claro que en el centro se producen situaciones de conflicto continuadas y que los profesionales tienen que desenvolverse cada día en un entorno expuesto a agresiones e intimidaciones.
La Sala reconoce que esas circunstancias son inherentes al puesto, pero eso no resta razón a que se exija un plus cuando las condiciones reales colocan a los trabajadores en una situación de riesgo muy superior a la habitual y su salario básico no contempla esa penosidad.
La sentencia sigue la doctrina que el Tribunal Supremo fijó en 2019 sobre los educadores de centros de acogida de la Junta. El alto tribunal ya estableció entonces que estas funciones tienen una especial peligrosidad psíquica y física. para los trabajadores. El TSJA lo aplica ahora al caso del Lucano confirmando la indemnización.
Además, de los 11.156,83 euros que deberá abonar a la educadora, condena a la Consejería al pago de las costas procesales y los honorarios del letrado de la demandante, fijados en 300 euros más IVA.