En la función pública coexisten dos sistemas diferentes de jubilación y pensiones: al de clases pasivas solo pertenecen los funcionarios que accedieron antes de 2011
El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de los empleados públicos: los funcionarios que podrán acogerse a ella
En España hay unas 3.641.400 personas ocupadas en el sector público, según datos oficiales. Se trata de funcionarios de carrera, personal laboral, estatutarios de la sanidad, militares y personal eventual cuya jubilación y acceso al sistema público de pensiones no es el mismo para todos. La fecha de acceso a la Administración marca una diferencia fundamental, ya que determina si el trabajador está encuadrado en el régimen de Clases Pasivas del Estado o en el Régimen General de la Seguridad Social. De esa circunstancia dependen tanto la edad de jubilación como la forma de calcular la pensión y, en algunos casos, la posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria.

Clases Pasivas o Régimen General de la Seguridad Social
Según explica el medio Business Insider, “la pensión que cobra un funcionario en España al jubilarse depende de los años que ha trabajado y de su grupo profesional, pero también del régimen al que está adscrito”. Por ello, la jubilación de los empleados públicos “no sigue una única fórmula”, ya que la fecha de entrada en la Administración determina diferencias relevantes en el cálculo de la prestación.
El primero de los sistemas es el Régimen de Clases Pasivas del Estado, un modelo cerrado para los funcionarios de carrera y personal militar que ingresaron en la Administración antes del 1 de enero de 2011. En él se incluyen, entre otros colectivos, funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales, de órganos constitucionales, miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y funcionarios posteriormente transferidos a las comunidades autónomas.
Los funcionarios adscritos a Clases Pasivas pueden acceder con carácter general a la jubilación ordinaria a los 65 años siempre que acrediten al menos 15 años de servicios efectivos al Estado. Existen, además, determinadas excepciones que permiten prolongar la actividad hasta los 70 años en colectivos específicos como jueces, magistrados, fiscales o docentes.
Una de las principales particularidades de este régimen es la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria anticipada desde los 60 años. Para ello es necesario acreditar al menos 30 años de servicios efectivos al Estado y cumplir el resto de requisitos establecidos. Como recoge Business Insider, determinados funcionarios pueden solicitar esta modalidad cuando reúnen esas condiciones, una posibilidad que no existe en los mismos términos para quienes están integrados en el Régimen General.
Jubilarse con 60 años
La cuantía de la pensión en Clases Pasivas no se determina a partir del salario ni de las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral. El cálculo parte del denominado haber regulador, una cantidad fijada anualmente para cada grupo o subgrupo profesional. A esa cifra se le aplica un porcentaje en función de los años de servicio reconocidos.
Business Insider recuerda que “estas cantidades no son las pensiones que reciben automáticamente los funcionarios de cada grupo”, sino la base sobre la que se aplica el porcentaje correspondiente según la carrera profesional desarrollada. En 2026, el haber regulador anual asciende a 52.697,06 euros para el grupo A1; 41.473,91 euros para el A2; 31.852,67 euros para el C1 y 25.200,74 euros para el C2.
La cuantía final aumenta conforme crecen los años de servicio. Según recoge el mismo medio, con 30 años trabajados se aplica el 81,73 % del haber regulador; con 34 años, el 96,35 %; y a partir de 35 años de servicio se alcanza el 100 % de la base de referencia. No obstante, cobrar el 100 % del haber regulador no implica necesariamente percibir esa cantidad íntegra, ya que deben respetarse los límites máximos establecidos para las pensiones públicas.
Frente a este modelo se encuentra el Régimen General de la Seguridad Social, en el que están integrados los funcionarios de carrera que ingresaron en la Administración a partir del 1 de enero de 2011, además de los funcionarios interinos y el personal laboral de las administraciones públicas, independientemente de cuándo comenzaron a trabajar.
En este caso, las reglas de jubilación son las mismas que se aplican al conjunto de trabajadores del sector privado. La edad ordinaria evoluciona progresivamente hacia los 67 años, aunque sigue siendo posible jubilarse a los 65 años cuando se acredita el periodo de cotización exigido por la legislación vigente.
La forma de calcular la pensión también es diferente. Mientras que en Clases Pasivas se utiliza el citado haber regulador vinculado al grupo funcionarial, en la Seguridad Social la prestación se calcula a partir de las bases de cotización acumuladas y del porcentaje que corresponde según los años cotizados.
Otra diferencia relevante afecta a la jubilación anticipada. Los trabajadores incluidos en el Régimen General están sujetos a las reglas comunes de la Seguridad Social y el adelanto de la jubilación puede llevar aparejada una reducción de la pensión mediante la aplicación de coeficientes reductores. En cambio, los funcionarios de Clases Pasivas que cumplen los requisitos pueden retirarse voluntariamente a los 60 años sin quedar sometidos a ese mismo sistema.
En ambos regímenes existe además un límite máximo para las prestaciones públicas que en 2026 se sitúa en 3.359,60 euros mensuales, equivalentes a 47.034,40 euros anuales. Este tope puede afectar especialmente a los funcionarios de los grupos superiores, cuyos haberes reguladores o bases de cotización son más elevados.
