Concluye el desahucio de una familia con hijos de 8 y 10 años en Vitoria, Álava, con su desalojo sin violencia
Asociaciones antidesahucio denuncian que el desalojo es la consecuencia de que el propietario no aceptó que se le abonaran los gastos mediante transferencia
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La familia de Vitoria, Álava, con dos hijos menores en Vitoria, Álava, ya ha sido desalojado de su vivienda en calle Nueva Fuera. A las puertas del que durante 14 años fue el hogar familiar, el padre ha asegurado que ahora se van a hospedar en una habitación de una pensión. Desde primera hora, un fuerte dispositivo de la Ertzaintza ha controlado la protesta social que intentaba detener el lanzamiento como ocurrió también sin éxito este jueves en el caso de Maricarmen. Asociaciones como Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki habían hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ayudara a intentar parar el desalojo.
"Defender las casas de nuestros vecinos"
Según las asociaciones antidesahucios, el origen del proceso de desahucio no estaría relacionado con el impago de la renta mensual. Afirman que la familia, que paga alrededor de 450 euros de renta al mes, "ha hecho arreglos que no tendría que haber corrido a su cuenta" y la vivienda está "mejor que cuando la alquilaron por primera vez hace 14 años".
Según han explicado, como consecuencia de la derogación el pasado mes de febrero en el Congreso del decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables, el propietario ha decidido continuar con el proceso judicial que inició en 2021 y la autoridad judicial "no considera que, a pesar de ser una familia en una situación muy vulnerable con dos menores, eso sea suficiente para poder paralizar el desahucio".
Tras reconocer que hay una deuda de pagos que el propietario "no ha querido justificar a los arrendatarios", desde el sindicato ha indicado que la familia ha dejado de pagar el alquiler al iniciarse el proceso judicial.
La familia, han asegurado desde el sindicato, "ha intentado negociar para poder pagar de manera transparente tanto el alquiler como esos gastos", pero "el dueño no quería enseñarles las facturas, les pedía cantidades muy considerablemente exageradas y ellos no sabían qué es lo que tenían que pagar".
"Como todo ciudadano tenemos derecho a saber qué gastos son los que tenemos que pagar de la luz, del agua, etc. Y el dueño se ha negado en todo momento", han denunciado desde el Sindicato de Vivienda.