España vulneró la medida cautelar ordenada en junio de "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto", ha dicho Koldo Casla
Maricarmen pide a Pedro Sánchez un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio
MadridEl desahucio de Maricarmen en Madrid sigue generando reacciones días después. El Relator de la ONU Koldo Casla ha asegurado que España incumplió "obligaciones internacionales" en el desalojo a la anciana, que agradeció el apoyo desde el hospital.
Su caso también precipitó una gran movilización por el derecho a la vivienda. En una entrevista con EFE este 27 de septiembre, Casla ha reiterado que nuestro país vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el comité DESC.
Se refiere al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) que estableció en aquel dictamen "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto" con la mujer de 87 años y un 50 % de discapacidad.
Además, recuerda que el derecho a la vivienda en España está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en una serie de tratados internacionales "vinculantes para España, que ha firmado y ratificado en ejercicio de su soberanía. No lo tiene por qué hacer y lo ha hecho".
"El daño es irreversible, sobre todo para Maricarmen", lamenta
El relator subraya que "nadie obligó a España aceptar este mecanismo, pero lo aceptó", por lo que "como ya (se) ha desalojado a Maricarmen, España ya no puede cumplir con esa orden cautelar y ahí se ha vulnerado el tratado".
Y puntualiza que "los tratados ratificados forman parte del ordenamiento jurídico español, es decir, son derecho español, a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución".
De ahora en adelante, ya que "el daño es irreversible, sobre todo para Maricarmen, que ya no vive en su casa", Casla propone varias medidas para evitar "de manera estructural" este tipo de situaciones.
En primer lugar, apunta que el hecho de "que la jueza pudiera desahuciar, a pesar de las medidas cautelares del DESC, requiere probablemente" emprender "una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial", que es la más importante que utilizan los jueces para sus procedimientos.
Garantizarse el análisis de proporcionalidad
El Relator de la ONU también pone el foco en la importancia de cumplir las condiciones derivadas del derecho a la vivienda cuando va a haber un desahucio. Primero, sostiene, se debe garantizar un análisis de proporcionalidad.
Eso significa realizar un estudio tanto de la situación personal de, en este caso, Maricarmen, como de la empresa que inicia el procedimiento de desahucio, en este caso Urbagestión.
"Si es mayor, si hay niños, si no hay niños, si hace frío, si no, si hay discapacidad, si no la hay, sus ingresos, el hecho de que es una persona que lleva toda la vida viviendo ahí…", enumera.
Y también las circunstancias del arrendador, "porque no se puede tratar igual a un pequeño propietario que necesita unos ingresos del alquiler para vivir que a una gran empresa que está simplemente tratando de maximizar su rentabilidad".
"Es difícil de entender cómo puede primar la rentabilidad", critica
En este caso, para Casla "está claro" que no ha habido un análisis de proporcionalidad, "porque es difícil entender cómo puede primar la rentabilidad de una empresa por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años con 1.300 euros de pensión que lleva 70 años viviendo ahí".
Otra condición que se debe cumplir al plantear un desahucio es la alternativa habitacional. El relator de la ONU considera que la residencia de ancianos que se le ofreció a Maricarmen no es "razonable", al margen del coste económico que fuera a tener.
Lo justifica en que "es una mujer que lleva viviendo toda la vida en esa vivienda y que puede valerse por sí misma". Y, por último, Casla habla de la necesidad de una regulación "estricta" de las empresas que se dedican al alquiler.
Para él, debe permitirse únicamente esa compra "con unas condiciones bien estrictas, para asegurarse de que las condiciones de los inquilinos no cambian".
"No se puede permitir cualquier tipo de compra especulativa, debe haber una distinción entre pequeño y gran tenedor", algo en lo que España, asegura, ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pero todavía "hay mucho en lo que avanzar".