El "triple salto mortal" que estudia el Gobierno tras el revés del Supremo al derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos

La decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada Ley de Nietos ha abierto un nuevo frente para el Gobierno. Tras el revés judicial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta recurrir al Tribunal Constitucional antes del 29 de noviembre, aunque la viabilidad de esa vía sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, el Ejecutivo espera el informe de la Abogacía del Estado y en Moncloa reconocen un profundo malestar por la situación.

Situación "muy compleja"

Aunque el Gobierno asegura que acata la resolución del Supremo, considera que esta genera una situación "gravísima" al entender que el derecho constitucional al voto debe garantizarse y no restringirse. Fuentes de Moncloa señalan que se están analizando los posibles pasos a seguir, conscientes de sus limitaciones jurídicas, ya que en este punto son los afectados quienes están legitimados para actuar y no el Estado.

Desde el Palacio de la Moncloa admiten que se trata de una situación "muy compleja" y que tienen que pensar en qué "triple salto mortal dar", así se expresan, para enmendar la decisión del Supremo. Al mismo tiempo, cargan contra el PP y Vox por considerar irresponsable la introducción del argumento del supuesto "pucherazo".

El siguiente movimiento del Ejecutivo está aún por decidir. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el Gobierno siempre acata las resoluciones" y pidió tiempo para analizar el alcance de la decisión del Tribunal Supremo.

Lo que sí dejó claro el Ejecutivo es su desacuerdo con las consecuencias de la sentencia. "En una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe", sostuvo Saiz.

Frente a esta posición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantienen una visión muy distinta. Feijóo afirmó este martes en una entrevista radiofónica que "no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo". En la misma línea, Abascal sostuvo que "solo había una intención de fabricar votantes, de manipular el censo electoral, y les hemos pillado con el carrito de los helados".

Sobre el impacto en el censo electoral, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, restó importancia a las cifras y señaló que los afectados son "160.000 personas", una cantidad que, a su juicio, "no supone ningún tipo de alteración del censo en absoluto".

Una valoración que rechaza el Partido Popular. Feijóo defendió que "el Tribunal Supremo ha dicho algo elemental: que no tiene nada contra darle la nacionalidad a los nietos de los exiliados, como dice la ley, pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados".

Sin embargo, el Supremo no entra en las nacionalizaciones. De hecho, todos los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la instrucción que la desarrolla mantienen su condición de ciudadanos españoles.