Ocupación de viviendas: qué medidas plantean los partidos para el 29N
En 2025 se registraron 14.875 casos en España, frente a los 16.426 del año anterior, lo que supone un descenso del 9,4%
Alquiler y elecciones generales: qué propone cada partido para regular los precios
Hay quien guarda cerrado el piso heredado de sus padres en la costa, o el suyo propio mientras pasa los inviernos cerca de sus familiares, y conoce bien el sobresalto de imaginar una cerradura forzada. Esa inquietud está muy extendida y ha convertido la ocupación ilegal en una de las banderas con las que los partidos llegan a las elecciones generales del 29 de noviembre. A falta de programas completos, ya se han atisbado las propuestas en mítines, votaciones parlamentarias y textos ya registrados en el Congreso.
El punto de partida es la Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025. Con ella, “podrán pasar a enjuiciarse por juicio rápido penal los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda”. La diferencia entre los dos delitos importa:
- El allanamiento afecta a la morada, lo que incluye la vivienda habitual y hasta una segunda vivienda (artículo 202 del Código Penal), es un delito más grave y en este caso la policía puede realizar un desalojo inmediato al tratarse de un delito flagrante.
- La usurpación se refiere a ocupar un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituye morada. Aquí la ley se refiere a un inmueble a partir de una tercera vivienda, el desalojo no es inmediato, requiere de un proceso judicial y una orden de un juez.
En cuanto a la magnitud del problema, en 2025 se registraron 14.875 casos en España (lo que representa un porcentaje inferior al 0,06% sobre el parque total de viviendas de nuestro país). Estas cifras han descendido un 9,4% frente al año 2024 (donde se registraron 16.426 casos).
PP: “Fuera en 48 horas”
Alberto Núñez Feijóo ha situado la ocupación entre sus promesas estrella. En un acto en Barcelona, el 18 de octubre, lo resumió así: “Fuera en 48 horas, sí o sí”. En el mismo acto se dirigió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y candidato por Barcelona: “Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiocupación en España”. Días después lo repitió: “Con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas”.
Su partido ya tiene un texto en el Congreso. La proposición de ley del PP, tomada en consideración el 19 de mayo de 2026, prevé lo siguiente:
- Los ocupantes tendrían que abandonar el inmueble en “un plazo máximo de 24 horas” o presentar un título que les dé derecho a estar allí. Si no lo hacen, el desalojo sería inmediato.
- Penas de uno a tres años de prisión cuando haya violencia o intimidación, con agravantes si la ocupación supera los 15 días o la comete un grupo organizado.
- Prohibición de empadronar a los ocupantes.
- Devolución al propietario del IBI y del impuesto de Patrimonio cuando haya sentencia firme.
- El presidente de la comunidad podría avisar al dueño y sugerirle medidas preventivas.
El diputado Sergio Sayas defendió que las víctimas no “tengan que seguir pagando el agua, la luz y el gas de los usurpadores”.
PSOE: contra la ley, pese a su propio programa
Los socialistas votaron en contra de esa iniciativa. Su diputado Raúl Díaz Martín sostuvo que la ley protege al gran especulador. Pedro Sánchez ha despachado la promesa de Feijóo como un discurso “de pizzas y pisos”, y Óscar Puente ironizó en X con un “tiembla Telepizza”.
El PSOE tiene, sin embargo, un precedente propio. La propuesta 272 de su programa de 2023 planteaba “impulsar la reforma legislativa para garantizar el desalojo de los okupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas”. Esa reforma nunca llegó al Congreso, y Podemos la convirtió en línea roja. Más tarde, cuando el PP presentó una moción no vinculante sobre desalojos en 24 o 48 horas, el PSOE se abstuvo, igual que Junts y el PNV. Sumar votó en contra y la moción salió adelante con los votos de PP y Vox.
Vox: cárcel y “desalojo exprés”
Vox apoyó la ley del PP. En el Congreso lleva tiempo defendiendo un “desalojo exprés”. Ya en septiembre de 2020 presentó una moción con dos peticiones: que todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión y que la policía pudiera entrar en las viviendas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’. En el arranque de su precampaña, Santiago Abascal centró el debate sobre vivienda en el precio: lo cifró en una subida del 74% en ocho años, y del 40% en el caso del alquiler.
Junts y PNV: abstención con reparos
Los dos grupos se abstuvieron, y eso permitió que el texto del PP siguiera adelante. Marta Madrenas, de Junts, habló de obsesión ideológica. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, advirtió de que la propuesta acaba “desatendiendo posibles situaciones de vulnerabilidad” y calificó de “disparatadas” algunas de sus medidas.
Sumar y Podemos: mirando a la vivienda vacía
Sumar votó en contra y sostuvo que el PP agranda el problema y legisla a favor de bancos y fondos. Su plan de vivienda, presentado en octubre de 2025, no habla de ocupación. Plantea explorar la expropiación de pisos vacíos en manos de bancos y fondos de inversión, e incorporar al parque público las viviendas amenazadas de desahucio con el fin de “erradicar los desahucios”.
Podemos fue más lejos. Ione Belarra dijo que la ley del PP estaba “escrita al dedillo” y llegó a afirmar que “hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro”.
Con las Cortes disueltas, la ley del PP queda a la espera de lo que decidan las urnas. Durante la campaña, del 13 al 27 de noviembre, los partidos tendrán que pasar del eslogan al papel.
