Viviendas turísticas y alquiler de temporada: qué proponen los partidos
El decreto que regula los contratos de temporada y aplica un 10% de IVA a los pisos turísticos se vota el 12 de noviembre, en plena precampaña
Ocupación de viviendas: qué medidas plantean los partidos para el 29N
Hay muchos españoles que, con su esfuerzo y ahorro, han conseguido hacerse con un piso en la playa, y le han dado un uso que no es estrictamente residencial. Unos lo alquilan por semanas a turistas en verano, mientras o prefieren cederlo de septiembre a junio a estudiantes o profesionales desplazados, con contratos de temporada que quedan fuera de las prórrogas de la vivienda habitual. Las dos fórmulas están ahora en el centro de la disputa electoral.
En mayo de 2026, el INE contaba 341.001 viviendas turísticas, con una caída interanual del 10,7%. Son el 1,28% de todas las viviendas del país. Parte del retroceso tiene que ver con la presión administrativa. En julio de 2025, Airbnb retiró unos 65.000 anuncios sin licencia, y la Unidad de Análisis de Consumo detectó otros 54.728 sin número de registro.
El Gobierno aprobó el 29 de septiembre el Real Decreto-ley 26/2026. El Congreso lo tumbó el 2 de octubre con los votos en contra de PP, Vox y Junts. El 6 de octubre el Ejecutivo volvió a aprobarlo con lo que llamó “retoques técnicos”, y el nuevo decreto espera ahora la convalidación de la Diputación Permanente.
En el alquiler de temporada, el decreto establece que un contrato que “no tenga una causa expresa que justifique realmente esa temporalidad” pasará a regirse como vivienda habitual. En el alquiler por habitaciones, la suma de lo que se cobra por cada cuarto no podrá superar el precio de alquilar la vivienda completa.
Para los pisos turísticos, el decreto aplica un IVA del 10% a las estancias que no superen las 30 noches o que incluyan servicios hoteleros, con efectos desde el 1 de diciembre de 2026. Además, permite a los ayuntamientos de zonas tensionadas recargar el IBI hasta un 50%. El recargo sube al 100% si el dueño tiene dos o más pisos turísticos y hasta el 150% cuando tenga cuatro o más. Tarragona aprobó el 26 de octubre el recargo máximo, a la espera de que el decreto se convalide.
PSOE y Sumar: un mismo decreto con matices
El borrador que impulsaba Sumar en verano iba más allá. Planteaba la equiparación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones a la vivienda habitual, con una duración máxima de doce meses para los primeros y un mínimo de cinco años para los segundos. Frente a eso, los socialistas preferirían limitar el alcance de la regulación de temporales.
En su plan de vivienda de octubre de 2025, Sumar defendía que los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse alquileres turísticos y que estos tributaran al tipo general de IVA, es decir, al 21%. El PSOE, por su parte, ya había propuesto en marzo de 2025 la obligación de los propietarios de alojamientos turísticos de obtener licencia para su actividad y de publicar ese número en las plataformas.
PP: las competencias autonómicas por delante
El PP votó en contra del decreto, y sus gobiernos autonómicos defienden que la vivienda turística es competencia suya. En septiembre de 2025, Roberto Media, consejero de Vivienda de Cantabria, calificó de “una ocurrencia” con “tintes amenazantes” la carta en la que el Gobierno pedía cerrar pisos turísticos ilegales. Esa defensa de las competencias no ha significado inacción allí donde gobiernan. En octubre de 2024, Marga Prohens anunció en Baleares que no habría nuevas licencias de alquiler vacacional en edificios plurifamiliares, porque no hay margen. Al mismo tiempo defendió que el alquiler reglado reparte riqueza y genera riqueza, contribuyendo a la economía de muchas familias.
Vox: una norma común para toda España
Vox también votó en contra del decreto. Su propuesta en este terreno es de 2023: la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España. Con ella pretendía frenar la subida de precios y proteger a los vecinos.
Junts y PNV: los votos que deciden
Junts rechazó los dos decretos el 2 de octubre. Su portavoz, Josep Maria Cruset, dijo que “no resuelven lo que deberían resolver”, que “lo empeoran” y que “los fondos seguirían comprando, especulando y desahuciando”. También advirtió de la “inseguridad jurídica” que generan.
En Cataluña ya rige una ley propia, aprobada en diciembre de 2025, que limita el alquiler de temporada en los municipios con más demanda y fija un tope al de habitaciones. Esa ley incorporó enmiendas de Junts, PP y Vox. El PNV votó en contra del decreto de prórroga de alquileres y no decidirá su voto sobre el otro hasta conocer la “letra pequeña”.
Podemos: moratoria de licencias
Podemos lleva tiempo pidiendo moratorias. En junio de 2024, el Congreso rechazó su propuesta de no conceder ninguna nueva licencia hasta el 1 de enero de 2028, con el voto en contra de PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN. En marzo de 2026 volvió a registrar la idea: “una moratoria de cinco años para nuevas autorizaciones de viviendas turísticas en municipios de más de 200.000 habitantes”, junto con un tope del 2% del parque de viviendas en las zonas tensionadas. En agosto exigió que la protección del inquilino fuera “aún más ambiciosa”.
Si la Diputación Permanente convalida el decreto, el nuevo IVA para las estancias cortas empezará a aplicarse el 1 de diciembre, dos días después de las elecciones.
