Qué proponen los partidos sobre educación, becas y universidades
Menos alumnos por aula, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una selectividad única y más control sobre las universidades privadas dividen a los partidos
Las propuestas de los partidos sobre inmigración en las elecciones generales
El curso 2026-2027 arrancó con 2.559 millones de euros destinados a becas y ayudas al estudio, la mayor partida de la historia, que beneficiará a un millón de estudiantes. La cifra es apenas superior a la del año anterior, 2.544 millones. Pero la convocatoria dejó una decisión que afecta a muchas familias: el Gobierno actualizó en torno a un 10 % los umbrales de patrimonio para acceder a las ayudas, pero no los de renta. La educación llega al 29N con varios frentes abiertos, que van desde el tamaño de las clases hasta la proliferación de universidades privadas. Sus propuestas se conocen ya por iniciativas parlamentarias y compromisos de precampaña.
El sistema estatal de becas combina hoy en día tres ayudas principales. La beca de matrícula cubre el precio público de los créditos en los que el estudiante se matricula por primera vez. La cuantía fija ligada a la renta es de 1.700 euros, y la ligada a la residencia durante el curso, de 2.700 euros. Para los estudiantes con una discapacidad de entre el 25 % y el 64 %, una matrícula de 45 créditos se considera completa a efectos de beca.
El gran proyecto educativo de la legislatura ha sido la ley para bajar el número de alumnos por aula y las horas de clase del profesorado. El texto del Gobierno de PSOE y Sumar fija un máximo de 22 estudiantes por aula en primaria y de 25 en secundaria, frente a los 25 y 30 actuales. Limita además la jornada lectiva a 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y a 18 en Secundaria y Bachillerato. Las nuevas ratios se aplicarían de forma progresiva desde el curso 2027-2028 hasta completarse en 2031-2032. En junio, la ley superó las enmiendas a la totalidad de PNV y Junts, que la consideraban una invasión de competencias autonómicas, gracias a la abstención del PP.
Sobre esa base, cada partido ha marcado su posición, y las diferencias son notables.
PSOE: la ley de ratios y el freno a los “chiringuitos”
Los socialistas defienden como propia la ley de ratios y la política de becas del Gobierno. En universidades, su medida estrella es el real decreto aprobado en octubre de 2025 para endurecer la creación de centros, sobre todo privados. Desde entonces, autorizar una nueva universidad requiere un informe vinculante de la ANECA o de la agencia de calidad autonómica, un mínimo de 4.500 estudiantes y titulaciones de al menos tres ramas de conocimiento. Las universidades deberán además invertir el 5 % de su presupuesto en investigación y ofrecer plazas de alojamiento para el 10 % de su alumnado. El decreto contó con el apoyo de la Conferencia de Rectores, de los sindicatos CSIF y CCOO y de la asociación de estudiantes Creup.
PP: esfuerzo, autoridad docente y escuelas infantiles gratis
“Elevar el nivel educativo” es uno de los doce puntos del contrato electoral de Alberto Núñez Feijóo, que pretende combatir “los peores resultados educativos de nuestra historia”. Propone una enseñanza que premie el esfuerzo, eleve la exigencia y refuerce la autoridad del profesor. Los contenidos los elaborarían las reales academias, tomando como referencia la evidencia de los países con mejores resultados, y se erradicaría “el adoctrinamiento” en las aulas. El PP se compromete también a garantizar la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus comunidades, y a proteger a los menores frente a las redes sociales.
Feijóo ha prometido además la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, sin depender de la renta de las familias y con el Estado financiando la mitad. “Lo prometí en Galicia y lo cumplí”, recordó. En universidades, el PP se opuso al decreto del Gobierno por considerarlo “recentralizador”, y la Comunidad de Madrid anunció que lo recurriría.
Vox: derogar la ley Celaá y una selectividad única
Vox propone derogar la LOMLOE, la ley educativa vigente, conocida como ley Celaá, e implantar “una prueba única de acceso a la Universidad” en toda España. Defiende también la enseñanza del español en todo el territorio, unos currículos comunes para todas las comunidades, con la historia de España incluida, y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Entre sus propuestas figuran la gratuidad de 0 a 3 años, becas en la universidad y en las etapas previas, y la recuperación de las Humanidades. Como el PP, rechazó el decreto de universidades.
Frente Amplio: 20 alumnos por aula
La coalición heredera de Sumar va más allá de la ley de su propio Gobierno. En una iniciativa presentada en el Congreso, propuso un máximo de 20 alumnos por aula en primaria y secundaria y de 25 en bachillerato, que podría bajar a 15 en zonas de atención educativa preferente. Los alumnos con necesidades educativas especiales contarían el doble. Su portavoz, Toni Valero, defendió que la medida haría la escuela pública “mucho más inclusiva”.
Podemos: 15 alumnos y educación gratis de 0 a 6 años
Podemos plantea las ratios más bajas. Sus enmiendas a la ley fijan un máximo de 15 alumnos en primaria, 20 en secundaria, 23 en bachillerato y 15 en Formación Profesional. Pide además que toda la educación infantil, de 0 a 6 años, sea gratuita para las familias, manteniendo su carácter voluntario. Para financiarlo, propone destinar al gasto educativo de 2027 una cantidad equivalente a las partidas extraordinarias que el Gobierno aprobó en 2026 para el plan de seguridad y defensa.