El TSXG ratifica la sentencia que obliga al alcalde de Ourense y al Ayuntamiento a pagar una compensación por daños morales e incapacidad temporal
La resolución considera acreditado el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales hacia una trabajadora municipal
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el Ayuntamiento de la ciudad, que deberán abonar 48.685 euros a una funcionaria por los perjuicios derivados de una situación laboral que el tribunal relaciona con la falta de medidas de prevención de riesgos. La resolución mantiene la obligación de pago conjunto y solidario tras rechazar los recursos presentados por ambas partes condenadas.
El tribunal mantiene la condena económica
La Sala de lo Social del TSXG ha ratificado la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, que establecía una compensación dividida en dos conceptos: 30.000 euros por daños morales y 18.685 euros por la incapacidad temporal sufrida por la trabajadora.
La resolución determina que tanto el regidor como el consistorio deberán asumir el pago de forma conjunta, al considerar que existió responsabilidad en relación con la protección de la salud laboral de la empleada municipal.
La sentencia rechaza los recursos presentados
El Ayuntamiento y Jácome habían recurrido la decisión judicial alegando diferentes cuestiones relacionadas con el procedimiento, la competencia del juzgado y la valoración de las pruebas aportadas durante el proceso. Sin embargo, el TSXG ha descartado esos argumentos y ha mantenido el fallo inicial.
Los magistrados señalan que quedó demostrado el vínculo entre la falta de medidas preventivas y el daño sufrido por la funcionaria, además de confirmar que la jurisdicción social era competente para analizar el caso.
El conflicto afecta a una antigua responsable municipal
La trabajadora afectada era la exjefa del Negociado de Comercio del Ayuntamiento de Ourense. La causa judicial se centró en las consecuencias que tuvo para ella la situación laboral vivida y en si la administración municipal cumplió con sus obligaciones de protección frente a los riesgos en el trabajo.
El tribunal considera que el Ayuntamiento tenía una responsabilidad directa en garantizar unas condiciones laborales adecuadas y que no se aplicaron las medidas necesarias para evitar los perjuicios reconocidos en la sentencia.
La resolución todavía puede recurrirse
Aunque el TSXG ha confirmado la condena, la sentencia todavía no es firme, ya que existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hasta que finalice la vía judicial, la resolución podría ser revisada en una instancia superior.
El caso se suma a otros conflictos judiciales relacionados con la gestión del personal municipal durante el mandato de Gonzalo Pérez Jácome, que en los últimos años ha protagonizado diferentes controversias vinculadas al funcionamiento interno del Ayuntamiento.