Un grupo de mineros asturianos cumple una semana de encierro por el impago de sus nóminas

Bocamina de la explotación en Tormaleo, donde varios trabajadores mantienen un encierro a 300 metros de profundidad en protesta. Europa Press
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Un grupo de mineros asturianos ha cumplido este miércoles una semana de encierro en el interior de una explotación situada en el suroccidente asturiano por el impago de sus nóminas desde hace un año.

Se trata de cuatro mineros —había un quinto que abandonó la protesta— que tratan de visibilizar la precaria situación en la que se encuentran, sin cobrar desde hace un año y con la actividad de la empresa paralizada por el cambio de propietario de la explotación, Mina Miura, ubicada en Tormaleo.

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Un año sin cobrar y actividad paralizada

Los trabajadores denuncian que el nuevo propietario de la mina adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad, sin que haya cumplido hasta el momento.

Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.

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Apoyo sindical y movilización

Justo cuando se cumple la primera semana de encierro a 300 metros de profundidad, el sindicato SOMA-FITAG-UGT ha anunciado que trasladará los actos del Primero de Mayo a la bocamina de la explotación para contribuir a la “resistencia y visibilización de una situación insostenible”.

El sindicato ha invitado a trabajadores y vecinos de la comarca a sumarse a la reivindicación, con el objetivo de que “los compañeros sientan el aliento de todo el sindicato” y dejar claro al nuevo propietario que no darán “un paso atrás” hasta que se abonen todas las nóminas pendientes desde abril del pasado año.

Críticas a la administración

La organización sindical también ha criticado la posición de la administración autonómica por optar por “una interpretación restrictiva de sus competencias” ante lo que califican como “un empresario a la fuga” y la ausencia del director facultativo, responsable de la seguridad en la mina.

A su juicio, resulta especialmente preocupante que, ante un caso de abandono de funciones por parte de la empresa y de la dirección técnica, la administración no active otras herramientas legales como la ejecución subsidiaria o la apertura de procedimientos que podrían derivar en la retirada de la concesión minera.