Cientos de miles de solicitudes presentadas en el primer mes del proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España
El proceso avanza a pesar de las denuncias de varias organizaciones ante los tribunales solicitando la paralización de las regulaciones
Arranca el proceso de regularización de inmigrantes de forma presencial con algo de nerviosismo e improvisación: "Se tardaron como una hora"
La regularización de migrantes cumple un mes desde la aprobación del Real Decreto del procedimiento extraordinario en el Consejo de Ministros, una medida que ha abierto expectativas a ciento de miles de personas en situación irregular. Sin datos oficiales de estos primeros 30 días, todo apunta a que se han superado las 200.000 solicitudes en las primeras semanas del proceso.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros. Se estima que podrán beneficiarse unos 500,000 indocumentados. El proceso permite obtener residencia y trabajo si se demuestra estancia en España antes del 1 de enero de 2026, sin antecedentes penales. El plazo de solicitud es del 16 de abril al 30 de junio de 2026.
Piden la suspensión cautelar de la regularización
El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.
Durante estas primeras semanas, asociaciones y entidades de apoyo a migrantes han constatado un aumento de consultas y solicitudes de información. Los principales interrogantes se centran en los requisitos para acceder a la regularización, especialmente sobre el informe de vulnerabilidad.
En paralelo, el debate ha llegado al ámbito judicial. En este sentido, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid han pedido en el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la iniciativa del Gobierno.
El Tribunal Supremo ha pospuesto al próximo 22 de mayo la vista convocada para escuchar peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización, inicialmente prevista para este miércoles.
Mientras, el Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo (TS) que suspender de forma cautelar el proceso que ha impulsado supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general".
"Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", sostiene en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.