La medida antidesahucios que rechazó el Congreso y que el caso Maricarmen vuelve a poner en debate
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que han intentado aprobar en varias ocasiones prorrogar la prohibición de desahucios
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La ejecución este miércoles del desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años que residía desde hace 70 años en una vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, ha vuelto a situar el debate sobre las leyes de protección frente a los lanzamientos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Gobierno ha intentado aprobar en varias ocasiones una propuesta para prorrogar la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre'. Sin embargo, la iniciativa no ha logrado el respaldo necesario de la Cámara por el rechazo de PP, Vox y Junts.
Sumar ha tachado de "indecencia" el desahucio de Maricarmen, y ha exigido que se cumpla el acuerdo de Gobierno para aprobar un nuevo decreto de vivienda, incluidas medidas antidesahucios para la población vulnerable. La moratoria antidesahucios fue una medida que se impulsó en 2020, en el marco de la pandemia y bajo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Con la medida se suspendían los procedimientos de desahucio y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Una medida temporal que no ha terminado con situaciones injustas
La medida siempre fue temporal y se fue prorrogando en sucesivos decretos leyes a lo largo de los años en el marco del conocido como 'escudo social'. Sin embargo, la historia cambió a principios de este año y se topó con el rechazo de PP, Vox y Junts en el Congreso, formaciones que en número de escaños tienen mayoría absoluta.
En concreto, la medida fue rechazada hasta en dos votaciones durante 2026. Primero, el 27 de enero, el Pleno con los votos de PP, Vox y Junts tumbó el primer decreto ómnibus del denominado 'escudo social', donde además de la moratoria antidesahucios se incluía la revalorización de las pensiones.
Ante el rechazo de las tres formaciones a ese decreto, el Gobierno decidió separarlo en dos partes, por un lado un texto con la revalorización de las pensiones y por el otro la moratoria antidesahucios, eso sí, con una nueva cláusula que exigió el PNV para que la moratoria no afectara a los pequeños propietarios con una o dos viviendas.
La propuesta sí mantenía la protección para los inquilinos vulnerables
La propuesta sí mantenía la protección para los inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional cuando la vivienda perteneciera a un fondo de inversión, un gran tenedor, una empresa o un propietario de tres o más viviendas. Asimismo, la propuesta conservaba otra de las condiciones vigentes desde 2020: si el arrendador acredita una situación de vulnerabilidad económica superior a la del inquilino, el lanzamiento no se suspende.
El decreto con la subida de las pensiones se aprobó, pero no el que incluía la prohibición de los desahucios con los matices exigidos por el PNV ante la negativa de los de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont. PP, Vox y Junts rechazaron la prórroga del escudo social al considerar que la moratoria antidesahucios, pese a excluir a los propietarios con una o dos viviendas, podía favorecer situaciones de ocupación y morosidad.
