Jubilación

¿Qué pasa con la revalorización de las pensiones en enero de 2027 si no se forma Gobierno tras las elecciones?

Una mujer saca dinero de un cajero automático en Madrid
Preocupación por el mecanismo de revalorización anual de las pensiones si tras el 29 N se produce un cambio de gobierno. Europa Press
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El futuro del sistema público de pensiones está protagonizando uno de los principales debates de cara a las elecciones del 29N. Hay importantes diferencias sobre su financiación y sostenimiento futuros y también en el mecanismo de revalorización anual. Todo apunta a que PSOE y PP trabajan en esa dirección, mientras que Vox se mostró en contra en la última votación en el Congreso del pasado mes de febrero en un contexto en el que, según las previsiones de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), las pensiones subirán un 3,6 % en 2027, lo que supondrá un gasto adicional aproximado de 8.400 millones de euros.

Revalorización de las pensiones en 2026
Revalorización de las pensiones en 2026
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Consenso sobre la revalorización

El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas deben revalorizarse cada año conforme al IPC medio de los doce meses anteriores a diciembre. Por tanto, la subida de enero de 2027 no depende del resultado electoral, sino de la evolución del coste de la vida, cuyo dato definitivo a efectos del cálculo se conocerá a finales de noviembre, cuando el INE publique el adelanto de la inflación de ese mes como hemos adelantado.

A día de hoy, la legislación establece que las pensiones se revalorizan anualmente de acuerdo con la inflación media registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. El dato adelantado del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, apenas dos días antes de la cita electoral, y servirá de referencia para calcular la subida de las prestaciones el próximo año.

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El PSOE sostiene que la actualización de las pensiones está blindada por la legislación aprobada durante esta legislatura. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que “la subida de las pensiones está asegurada por una ley” y ha defendido que la revalorización conforme al IPC “no se va a tocar”. Según el ministro, incluso un eventual cambio de Gobierno no alteraría la aplicación de la norma vigente porque “está en la ley”.

Además, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ido un paso más allá al comprometerse a “blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones”, elevando así su protección normativa ante futuras reformas y el viernes 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, el Consejo de Ministros extraordinario celebrado aprobó dar trámite de urgencia a la revalorización de las pensiones.

Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha intentado despejar cualquier duda sobre una eventual congelación o recorte de las pensiones. El líder popular ha defendido que “mi compromiso personal como candidato a la presidencia del Gobierno consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes”. Asimismo, ha insistido en que “las pensiones son innegociables” y que “se actualizarán las pensiones conforme al IPC sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad sin duda”.

Feijóo ha vinculado cualquier futura reforma al diálogo dentro del Pacto de Toledo y a la búsqueda de acuerdos con sindicatos, empresarios y grupos parlamentarios. En la misma línea, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha reiterado que “las pensiones son innegociables” y que los jubilados “tienen que estar tranquilos”, asegurando que “no le van a bajar las pensiones” y que estas “se actualizarán al IPC”.

La principal diferencia llega desde Vox. La formación liderada por Santiago Abascal mantiene su defensa de un sistema mixto que combine el actual modelo de reparto con mecanismos de capitalización individual. Sus diputados han votado en contra de las propuestas de revalorización anual en línea con el IPC, siendo el único partido que se ha opuesto cuestionado la sostenibilidad a largo plazo del sistema actual.

El diputado de Vox, José María Figaredo, justificaba este rechazo a la revalorización de las pensiones con el IPC argumentando que la pérdida de poder adquisitivo y el contexto económico actual requieren otro tipo de reformas estructurales.

Y todo, a pesar de considerar que la inflación desbocada, el encarecimiento del coste de la vida y la política energética estarían empobreciendo a los trabajadores y dificultando la economía familiar. 

El coste de mantener el poder adquisitivo de las pensiones

Las previsiones de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, sitúan la futura revalorización de las pensiones en el 3,6 %, una subida que generaría un coste adicional de alrededor de 8.400 millones de euros para las cuentas públicas.

Según explica el centro de análisis, esta estimación se basa en la aplicación de la fórmula prevista en la Ley 20/2021, que recuperó la vinculación directa de las prestaciones al IPC tras años de debates sobre mecanismos alternativos de actualización. Funcas recuerda además que la revalorización ya está incorporada al marco normativo actual, por lo que la cuestión principal no es tanto si las pensiones subirán como el impacto presupuestario que tendrá ese incremento.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema ocupa también buena parte de los análisis difundidos por Sistema Digital, publicación de la Fundación Sistema presidida por José Félix Tezanos. Según esta entidad, las reformas aprobadas en 2021 y 2023 reforzaron la financiación del sistema mediante nuevas fuentes de ingresos, el aumento de las bases máximas de cotización, la cotización de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Sistema Digital sostiene que los datos actuales no respaldan las tesis que anticipan una quiebra del sistema público de pensiones. El análisis recuerda que el gasto en pensiones representó el 13,1 % del PIB en España en 2023, por debajo del registrado en países como Italia, Francia, Austria, Grecia o Finlandia. Asimismo, destaca que tanto la Comisión Europea como la AIReF sitúan el gasto neto medio en pensiones entre 2022 y 2050 en torno al 13 % del PIB, una cifra inferior al límite legal del 13,3 %.

La publicación también subraya la evolución reciente de los ingresos de la Seguridad Social, impulsados por el crecimiento del empleo y las cotizaciones, así como la recuperación progresiva del Fondo de Reserva gracias a las aportaciones derivadas del MEI.