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Vivienda pública y construcción: los planes de los partidos para aumentar la oferta

La construcción de un bloque de vivienda pública. Ajuntament de Barcelona
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El último año, en España se formaron unos 240.000 nuevos hogares y se terminaron alrededor de 92.000 viviendas. Esa diferencia, repetida durante años, ha dejado un agujero que el Banco de España cifra en 750.000 viviendas acumuladas entre 2021 y 2025, frente a las 600.000 que estimaba en 2023. Es el 3,7 % de los hogares residentes, frente al 1,5 % de Alemania. 

Este déficit se concentra especialmente en seis provincias, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, que acumulan más de la mitad, y las previsiones no son buenas: “La perspectiva es que este déficit aumente en los próximos años”. Hay varias causas: la llegada de población y la formación de hogares, las trabas de la gestión urbanística y el suelo, la baja productividad del sector de la construcción y la falta de mano de obra.

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PSOE: un parque público con alquileres de hasta 75 años

La gran apuesta socialista es Casa 47, la entidad estatal de vivienda creada en diciembre de 2025 a partir de la antigua Sepes, cuyo objetivo es la creación de un parque estatal de vivienda asequible. Prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años. Incluye proyectos como la Operación Campamento, en Madrid, con 10.700 viviendas públicas asequibles, y suelos procedentes de la Sareb con capacidad para unas 55.000 viviendas más. La meta es que la vivienda pública alcance al menos el 8 % del parque residencial.

El modelo es de alquiler, no de venta. Va dirigido a hogares de clase media y trabajadora con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, entre unos 16.800 y 63.000 euros anuales. Los contratos podrán durar hasta 75 años: una primera fase de catorce años y prórrogas automáticas de siete mientras se cumplan las condiciones. Ningún alquiler podrá superar el 30 % de la renta media del territorio. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con 7.000 millones de euros, y el decreto aprobado el 6 de octubre suma 280 millones en avales para la construcción industrializada, que fabrica componentes de las viviendas en serie para acortar plazos.

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PP: un millón de viviendas y licencias en 90 días

El PP pone el foco en construir más y más rápido. Feijóo promete levantar entre 200.000 y 250.000 viviendas al año hasta llegar al millón, con entre 500.000 y 600.000 empleos asociados. Las viviendas que se construyan en suelo público serían un 30 % más baratas. Para lograrlo, propone una nueva Ley del Suelo entre sus tres primeras leyes, reducir “de 10 a 4 años” algunos procesos urbanísticos mediante la figura del Proyecto Residencial Estratégico e implantar el silencio administrativo positivo: si el ayuntamiento no responde en 90 días, la licencia se considera concedida.

Su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha defendido más vivienda pública y menos intervención en el mercado. El PP completa su plan con la eliminación de las zonas tensionadas y del índice de precios de referencia del alquiler, que considera un freno a la inversión.

Vox: “hagan casas para la gente”

Vox sostiene que la solución pasa por liberar suelo y desregular. “Asuman su responsabilidad y hagan casas para la gente”, reclamó su diputado Carlos Hernández Quero al Gobierno durante el debate de los decretos. El partido defiende que el precio de la vivienda baja “cuando entra suelo nuevo en el mercado” y cuando los propietarios recuperan la seguridad jurídica. Propone liberalizar el suelo, bajar los impuestos y los costes de construcción y compra, y aplicar la “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda.

Frente Amplio: más vivienda pública y pisos vacíos al mercado

La coalición de Ada Colau propone ampliar la vivienda pública y, al mismo tiempo, sacar al mercado viviendas que hoy están vacías. Para ello plantea un impuesto del 10 % anual sobre el valor de cada vivienda que no se alquile a precio asequible, para empresas desde la primera vivienda y para particulares a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto supere los 800.000 euros. Según sus cálculos, permitiría movilizar 213.840 viviendas que no están alquiladas ni son residencia habitual.

Podemos: inventario de pisos vacíos y expropiación

Podemos plantea crear un inventario de inmuebles vacíos de bancos y fondos y más intervención sobre las viviendas de los grandes propietarios. Irene Montero defiende “la expropiación y el control de precios”, y el partido resume su posición en el primero de sus ejes de campaña: “Las casas son para vivir”.