Qué tipos de desahucios existen y qué dicen los datos de este año
La mujer de 87 años ha despertado una ola de solidaridad que no ha podido parar su desahucio en Madrid
Así ha sido la primera noche de Maricarmen tras su desahucio: está ingresada con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años
El Defensor del Pueblo, políticos de diferentes partidos, Pedro Sánchez: todos hablan del desahucio de Mari Carmen, la mujer de 87 años, expulsada de su vivienda de toda la vida por un fondo buitre. La situación ha conmovido a la sociedad española, que este miércoles se lanzó a protestar en las calles de Madrid, pone el tema de los desahucios sobre la mesa. Cuánto se sabe de estos 'lanzamientos', como les llaman en el argot jurídico.
El desahucio es un procedimiento legal que permite al propietario de un inmueble desalojar al inquilino cuando este deja de pagar la renta correspondiente. En este caso, el desahucio de Mari Carmen se sostuvo por un fondo de inversión, propietario del inmueble que se apoyó en un resquicio legal, aunque la mujer había pagado durante décadas religiosamente el alquiler.
A pesar de que los datos revelan una caída de los desahucios, siguen ocurriendo ya sea por impago del alquiler o por ejecución hipotecaria. En el primer trimestre de 2026, el número total de lanzamientos realizados por los órganos judiciales se redujo un 45,4%, con descensos por ambas razones, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Los alzamientos por impago del alquiler, que representaron el 64,9% del total, descendieron un 53,9%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias -el 24,24%- lo hicieron un 18,3%.
¿Cuánto tarda un procedimiento de desahucio?
Un proceso de desahucio puede prolongarse entre 6 meses y un año a partir del momento en el que el propietario reclama el impago; el primer paso es la admisión a trámite del procedimiento en un juzgado, lo que suele tardar entre uno y tres meses.
El juzgado notifica al inquilino que si no puede hacerse cargo de las mensualidades u oponer alguna razón justificada para no pagar, tendrá que abandonar la vivienda en un plazo de 10 días hábiles. De no llegarse a un acuerdo, el proceso se judicializa y se fija una fecha para el juicio y la sentencia, algo que puede demorarse varios meses.
Finalmente, llega el lanzamiento o desahucio de facto del inquilino, momento en el que la comitiva judicial, formada por agentes del juzgado y fuerzas del orden proceden al desalojo del inquilino que es lo que hemos visto este miércoles en todos los informativos cuando los agentes antidisturbios sacaron a empujones a los vecinos y miembros del sindicato de inquilinos que defendían que Maricarmen se quedara en su piso de Madrid.
La iniciativa del Gobierno para proteger de los desahucios sigue atascada en el Congreso
El Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto-ley en febrero de este año que prorrogaba hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.
El documento, además, incorporaba que en el caso de los propietarios de tres o más viviendas no se ejecutaría el desahucio cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable.
La posterior derogación del decreto del 'escudo social', sin embargo, dejó sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables y han vuelto a ocurrir casos como los de Mari Carmen.
Los socios del Gobierno de coalición -PSOE y Sumar- anunciaron un nuevo decreto ley para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar los desahucios sin alternativa habitacional, pero la iniciativa fracasó ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.
La idea del Gobierno era sacar adelante un nuevo decreto en materia de vivienda con todas las aportaciones de los grupos, algo que todavía no ha sido posible, aunque tras este caso tan mediático, Junts parece más abierto a alguna negociación con el Gobierno para dar apoyo a la norma con rango de ley que iría en el camino de proteger a personas vulnerables de los desahucios.
El Defensor del Pueblo, por su parte, en su labor de supervisión de las administraciones y defensa de los derechos fundamentes de los ciudadanos ha advertido de que el desalojo de la mujer de 87 años, de su vivienda en Madrid confirma que "existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible".